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MIAMI.– Dos hombres de Florida fueron imputados por su presunta participación en un esquema que presentó alrededor de 34.8 millones de dólares en reclamaciones falsas y fraudulentas al programa federal Medicare, según informó el Departamento de Justicia la última semana.
Los acusados, identificados como Kenneth Charles Kessler III, de 42 años y residente en el condado Miami-Dade, y Michael Andrew Gómez, también de 42 años y con domicilio en el condado Broward, enfrentan múltiples cargos de conspiración para cometer fraude de salud y electrónico, fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y pago de sobornos en relación con programas federales.
El Departamento de Justicia subrayó que si resultan culpables, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión cada uno.
¿Cómo operaba el esquema en Florida?
Según la fiscalía, los acusados montaron un entramado de siete compañías de suministro de equipos médicos en Florida, a través de las cuales pagaban sobornos a empresas de mercadeo que, mediante campañas de telemercadeo engañosas, obtenían los datos personales de miles de beneficiarios de Medicare; luego, con la colaboración de supuestas compañías de telemedicina, generaban órdenes médicas para justificar equipos innecesarios —como férulas ortopédicas y monitores de glucosa— y utilizaban esas órdenes falsas para presentar reclamaciones fraudulentas por $34.8 millones al Medicare, apropiándose de fondos públicos destinados a la atención real de pacientes.
Voces oficiales
“El dinero provenía de los contribuyentes y estaba destinado a pacientes necesitados, no a enriquecer a estafadores”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Por su parte, Christian J. Schrank, inspector general adjunto de Investigaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), aseguró que estos fraudes alimentados por la codicia amenazan tanto al sistema de salud como a los pacientes.
Desde el FBI, el subdirector Jose A. Pérez subrayó que “el daño causado por estos actores no puede subestimarse” y reiteró el compromiso de perseguir a quienes buscan defraudar a los estadounidenses.
Investigación y antecedentes
El caso es investigado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el FBI, mientras que la acusación está a cargo de las fiscales Aisha Schafer-Hylton y Owen Dunn de la Sección de Fraude.
El Departamento de Justicia recordó que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados, responsables de más de 30 mil millones en fraudes contra programas federales de salud y aseguradoras privadas.
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