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Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la orden de una jueza que exigía a Florida y al Gobierno federal cerrar y desmantelar un controvertido centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades, conocido popularmente como Alligator Alcatraz.
Este jueves, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. aceptó las solicitudes del estado de Florida y del Departamento de Seguridad Nacional para suspender una medida cautelar preliminar de un tribunal de distrito que habría obligado a cerrar las operaciones del sitio en un plazo de 60 días. Una medida cautelar preliminar es una orden temporal que se aplica hasta que un tribunal toma una decisión final en un caso.
“Tras una cuidadosa consideración, aceptamos las mociones de los acusados y suspendemos la medida cautelar preliminar y el caso en sí mientras se resuelve la apelación”, resolvieron los tres jueces de apelaciones en la orden.
La instalación de detención improvisada había sido objeto de intensas críticas por el trato a los inmigrantes indocumentados que estuvieron allí confinados en medio de un calor sofocante, infestaciones de insectos y comidas escasas, lo que llevó a que miembros del Congreso y representantes estatales que presenciaron las condiciones exigieran su cierre inmediato.
La suspensión se produce aproximadamente una semana después de que el director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijera en un intercambio de correos compartido con CNN: “Probablemente estaremos en cero personas en unos días”. Guthrie envió el mensaje al rabino Mario Rojzman, del sur de Florida, en respuesta a su solicitud para brindar servicios de capellanía en la instalación.
A pesar de la controversia en torno a la instalación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, refuerza su apuesta por los centros de detención de inmigrantes en el estado, incluido el anuncio de dos nuevas instalaciones que denominó “Deportation Depot” en el noreste de Florida y “Panhandle Pokey” en la región del Panhandle.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, calificó esto como una “victoria contra una jueza activista” en una publicación en redes sociales.
“El 11º Circuito no solo bloqueó la orden de la jueza (Kathleen) Williams de cerrar Alligator Alcatraz, sino que también le impidió continuar con el caso hasta que se complete la apelación. ¡Una victoria para Florida y para la agenda del presidente Trump!”, agregó.
En un duro revés para los demandantes —grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee de Florida— y su principal argumento legal, los jueces determinaron que la instalación de detención es operada por el estado, no por el Gobierno federal, y por lo tanto queda fuera de las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). La NEPA, promulgada por el presidente Richard Nixon, es considerada una de las leyes ambientales fundamentales creadas al inicio del movimiento ambiental moderno.
“La instalación es un sitio construido, dirigido, operado y financiado unilateralmente por un gobierno estatal —de acuerdo con las leyes estatales— en el que el estado mantiene control discrecional sobre quién es detenido, lo que en conjunto significa control estatal sobre el resultado del proyecto, no control federal”, señaló la mayoría en el fallo.
La mayoría indicó que Florida podría eventualmente solicitar el reembolso a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), pero hasta que dicho financiamiento sea aprobado formalmente, el proyecto no califica como una “acción federal importante” que active los requisitos de revisión ambiental de la NEPA.
Un juez del panel con sede en Atlanta discrepó, señalando que habría dejado vigente la orden de cierre de Williams en lo que, según él, debió ser una “negativa relativamente simple” a la moción del estado.
El juez disidente coincidió con el tribunal de primera instancia en que los demandantes enfrentan un daño irreparable y subrayó que los testimonios y declaraciones oficiales demostraron que, en la práctica, el centro de detención era un proyecto federal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó la instalación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la inspeccionó y tanto la secretaria del DHS, Kristi Noem, como DeSantis, declararon públicamente que el Gobierno federal la financiaría. Eso, argumentó el juez, la convierte en una “acción federal importante” sujeta a revisión ambiental.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades —parte demandante en la causa ambiental— dijo a CNN: “El caso está lejos de terminar”.
“De hecho, apenas comienza y estamos comprometidos a seguir luchando”, afirmó. “Confiamos en que la orden judicial preliminar será confirmada cuando se revise el fondo del caso en la apelación”.
Elise Bennett, abogada senior del Centro para la Diversidad Biológica, otro de los demandantes, calificó el fallo como “un golpe devastador para los Everglades de Estados Unidos y para todas las criaturas que viven allí”.
Los grupos reconocieron en un comunicado conjunto que la decisión del tribunal de apelaciones “al menos temporalmente permite a las autoridades estatales y federales reanudar las operaciones en el centro de detención”.
“Sé que muchos se preguntan por qué los gobiernos de Trump y DeSantis insisten en gastar millones de dólares de los contribuyentes en esta instalación de detención dañina y contaminante en el corazón de los Everglades”, dijo Bennett a CNN. “Nuestro sistema legal puede y debe detener este despilfarro tan perjudicial”.
El siguiente paso, de acuerdo con Bennett, es que un nuevo panel de jueces de apelación decidirá si restablece la orden para cerrar la instalación de los Everglades o la anula por completo.
“La misión continúa”, dijo DeSantis en un video celebrando la decisión del panel de apelaciones. “Alligator Alcatraz está, como siempre hemos dicho, abierto para operar”.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó la suspensión como “una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común”.
“Esta demanda nunca trató sobre los impactos ambientales de convertir un aeropuerto en una instalación de detención”, dijo el departamento en una publicación en X este jueves. “Siempre ha sido y será sobre activistas de fronteras abiertas y jueces que intentan impedir que las fuerzas del orden retiren a criminales peligrosos de nuestras comunidades, punto”.
Solo habían pasado unos días para que el aeropuerto Dade-Collier Training and Transition se transformara de una pista de 11.000 pies (3,3 kilómetros) en una ciudad de carpas temporal para migrantes cuando abrió en julio.
El remoto centro de detención de migrantes, ubicado en lo profundo de los humedales de los Everglades, ha sido objeto de denuncias sobre condiciones insalubres y sobre que los detenidos han quedado incomunicados del sistema legal.
La Tribu Miccosukee de Indios de Florida —una tribu nativa estadounidense cuya reserva se encuentra a pocos kilómetros de la instalación— también expresó preocupación por el impacto que el centro tendría en sus tierras y en la zona ambientalmente sensible, incluidas las plantas y animales que habitan en los Everglades.
“El proyecto causa un daño irreparable en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro en el área”, señaló la jueza federal Kathleen Williams en su orden a finales de agosto.
Aunque la batalla legal continúa, DeSantis dijo que el estado está considerando otras áreas para establecer instalaciones adicionales, además de Alligator Alcatraz y los dos nuevos centros de detención de inmigrantes. Según DeSantis, el “Deportation Depot” podrá albergar hasta 1.500 personas. No está claro cuántos podrá alojar el “Panhandle Pokey”.
“Existe demanda para tener mucho más que solo Alligator Alcatraz”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el martes.
Esta nota fue actualizada con información adicional.
