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MIAMI.– El gobierno federal transfirió a Florida 608 millones de dólares para cubrir los costos de sus centros de inmigración administrados por el estado, una acción confirmada un día antes del cierre del gobierno.
La Oficina Ejecutiva del Gobernador comunicó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) entregó los fondos destinados a la construcción y operación de las instalaciones ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Deportation Depot’.
La noticia fue celebrada por el gobernador Ron DeSantis, quien publicó en la red social X: «Otra narrativa falsa se desvanece. Dije desde el principio que nos reembolsarían». El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el estado recibió el monto total el 30 de septiembre.
Confirmación
Según funcionarios de Florida, los centros son instalaciones totalmente administradas por el estado. ‘Alligator Alcatraz’ se ubica en los Everglades, en una antigua pista de aterrizaje, mientras que ‘Deportation Depot’ opera en el noroeste de Florida.
El financiamiento proviene de fondos de FEMA que, bajo la administración Biden, se asignaron a los estados a través del Programa de Refugio y Servicios para apoyar a los gobiernos locales con servicios a inmigrantes.
El gobernador DeSantis había anticipado que el reembolso federal no afectaría la gestión estatal de las instalaciones. «No creo que realmente cambie nada, porque sigue siendo propiedad estatal y es una misión estatal», declaró en una conferencia de prensa a finales de septiembre.
Respaldo
‘Alligator Alcatraz’ es el primer centro de este tipo abierto por el estado y fue presentado como un modelo de gestión migratoria. Antes de su apertura el 3 de julio, el presidente Donald Trump recorrió las instalaciones junto al gobernador DeSantis y otros funcionarios.
El proyecto, que se expande con la apertura de un segundo centro y planes para un tercero, busca intensificar la detención y deportación de inmigrantes desde una estructura estatal.
Los costos de ‘Alligator Alcatraz’ para el primer año de operación se estiman en 450 millones de dólares, con contratos iniciales que superaron los 245 millones para su construcción y puesta en marcha.
Contexto legal
La asignación de fondos federales se produce mientras una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu de Indios Miccosukee de Florida sigue pendiente.
La acción legal argumenta que el estado debió realizar una revisión de impacto ambiental por la ubicación del centro en la Reserva Nacional Big Cypress.
Los demandantes sostienen que la recepción de dinero federal refuerza la necesidad de cumplir con las leyes federales de protección ambiental.
Previamente, un tribunal federal de apelaciones había fallado a favor del estado al determinar que, sin haber recibido fondos federales, no estaba sujeto a dichos requisitos.
Ahora, los grupos ambientalistas consideran que la transferencia de FEMA cambia el estatus legal del proyecto.
El estado y el gobierno federal defienden el desarrollo del centro como parte de sus competencias y políticas migratorias.
