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MIAMI.– En una decisión que agita el panorama legal de Florida, el juez de circuito del condado Broward, Frank Ledee, declaró inconstitucional la ley estatal que prohíbe a las personas de 18 a 20 años portar armas de fuego ocultas.
El magistrado emitió el fallo en el caso contra Joel Walkes III, un joven de 19 años arrestado por este motivo, tras concluir que la norma viola la Segunda Enmienda bajo el nuevo estándar de «tradición histórica» de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Contexto legal
El caso se originó con el arresto de Joel Walkes III durante una parada de tráfico en Plantation, Florida, donde un oficial encontró una pistola semiautomática oculta.
Walkes enfrentaba un cargo de delito grave de tercer grado. Sin embargo, su defensa desafió directamente la constitucionalidad del estatuto que fija en 21 años la edad mínima para el porte oculto.
El juez Ledee, en su fallo de nueve páginas, argumentó que la ley «despoja a una clase de adultos legales de su capacidad para ejercer el mismo derecho que la Constitución garantiza».
El fundamento de la decisión reside en la prueba impuesta por la Corte Suprema en 2022, que exige al gobierno demostrar que cualquier regulación de armas es consistente con la “tradición histórica de la nación”.
Ledee afirmó que el estado no logró identificar ninguna ley de la época de la fundación del país que prohibiera de manera general el porte oculto de armas a personas de entre 18 y 20 años.
Como resultado inmediato, se desestimaron los cargos contra Walkes.
Aunque la decisión se aplica solo a este caso y no sienta un precedente vinculante para otros tribunales, sí establece una «autoridad persuasiva» que podría influir en casos futuros y presiona para que un tribunal de apelaciones establezca una regla estatal uniforme.
Complejo panorama legal
El fallo del juez Ledee se inserta en un entorno legal sobre armas de fuego cada vez más complejo y contradictorio en Florida.
Tras la masacre en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en 2018, el Congreso estatal aprobó una ley que elevó la edad mínima para comprar cualquier arma de fuego a 21 años.
Sin embargo, en 2023, el estado adoptó el «porte sin permiso», que permite a los ciudadanos que cumplen los requisitos portar un arma oculta sin licencia, aunque mantuvo el requisito de tener 21 años.
Esta situación se complicó aún más cuando, en septiembre, un tribunal de apelaciones anuló la prohibición estatal sobre el porte abierto de armas, una decisión que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, aceptó de inmediato.
La postura del fiscal general, quien se ha negado a defender varias de las leyes de armas del estado en los tribunales, crea una paradoja: un joven de 18 años podría portar abiertamente un arma que posee legalmente (por ejemplo, a través de un regalo), pero no puede comprarla ni, hasta este fallo, portarla oculta.
Esta tensión entre el poder judicial y las leyes promulgadas por la Legislatura apunta a una inevitable intervención de tribunales superiores para reconciliar estos conflictos, según expertos.
Controversia de alcance nacional
La decisión en Florida es un reflejo de una batalla legal que se libra en todo Estados Unidos. Existe una profunda división entre los tribunales de apelación federales sobre si los derechos de la Segunda Enmienda se aplican plenamente a los adultos de 18 a 20 años.
Mientras que tribunales en circuitos como el Quinto han anulado restricciones federales a la compra de pistolas para este grupo de edad, otros, como el Undécimo Circuito que supervisa a Florida, las han mantenido.
Esta división de criterios aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema de EEUU deba intervenir para ofrecer una resolución definitiva, de acuerdo con especialistas en el tema.
El debate enfrenta a defensores de los derechos de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), con activistas por el control de armas y familiares de víctimas de la violencia armada.
Los primeros argumentan que negar este derecho a adultos legales es inconstitucional, mientras que los segundos consideran las restricciones de edad como medidas de seguridad pública esenciales, nacidas de tragedias como la de Parkland.
