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MIAMI. — El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó formalmente al Departamento de Justicia una intervención federal inmediata para anular las regulaciones energéticas de California, acción que intensifica la disputa ideológica entre los dos estados más influyentes de la nación.
El funcionario argumentó desde Tallahassee que las normas ambientales de la costa oeste constituyen una extralimitación inconstitucional que usurpa la autoridad del Congreso y somete a la economía nacional a los dictados de Sacramento.
La petición busca frenar la capacidad del gobierno californiano para exportar sus estándares climáticos al resto del país, lo que Florida califica como una violación flagrante a la soberanía del comercio interestatal.
Soberanía comercial
El eje de la demanda trasciende lo técnico y ataca la base del federalismo progresista que defiende California.
Uthmeier sostuvo que el peso económico del «Estado Dorado» obliga a los fabricantes de automóviles y corporaciones energéticas a adoptar los estándares de Sacramento en sus cadenas de producción globales, lo que elimina en la práctica la capacidad de otros estados para decidir sus propias matrices energéticas.
Esta dinámica representa, según el escrito, un imperialismo regulatorio inaceptable.
La acción legal identifica cuatro pilares: los mandatos de divulgación de emisiones corporativas, la prohibición de venta de vehículos de combustión interna, los litigios climáticos municipales y el propuesto ‘Superfondo Climático’.
Para Florida, estas medidas no son protecciones ambientales locales, sino armas económicas que penalizan a las industrias situadas fuera de la jurisdicción californiana.
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Discrepancias de fondo
Esta ofensiva legal cristaliza el antagonismo profundo entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su homólogo californiano, Gavin Newsom.
Ambos líderes han transformado sus estados en laboratorios de políticas opuestas: mientras DeSantis promueve una libertad definida por la desregulación y el combate a las políticas «ESG» (ambientales, sociales y de gobernanza), Newsom defiende a California como un bastión de justicia climática y derechos progresistas.
La relación entre ambos, marcada previamente por el envío de migrantes desde la frontera sur hacia California orquestado por Florida y por fuertes debates televisados, encuentra en este litigio su capítulo más reciente.
Analistas interpretan la movida de Uthmeier —quien fue Jefe de Gabinete de DeSantis— como un intento de utilizar la alineación con la Casa Blanca para doblegar el modelo de autonomía estatal que Newsom ha construido como contrapeso a Washington.
Uthmeier enfatizó que bloquear las ambiciones de California resulta vital para reducir costos al consumidor y proteger empleos en la industria tradicional.
De prosperar la solicitud ante el Departamento de Justicia, el conflicto derivaría en una batalla ante la Corte Suprema que no solo definiría el futuro de la política climática de EEUU, sino que dictaría el vencedor en la larga guerra cultural y administrativa entre los modelos de gestión de DeSantis y Newsom.
