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TALLAHASSEE – Un juez federal dictaminó el martes que Florida ha violado los derechos constitucionales de las personas que fueron excluidas del programa Medicaid porque les envió avisos que “rayan lo incomprensible”.
La jueza de distrito estadounidense Marcia Morales Howard, en un fallo de 273 páginas en una demanda colectiva, también prohibió al estado cancelar los beneficios de las personas por razones de elegibilidad financiera a menos que proporcione avisos adecuados.
Howard escribió que las personas que reciben lo que se describe como cobertura de Medicaid relacionada con la familia «están entre los ciudadanos más vulnerables del estado».
«Se trata principalmente de mujeres embarazadas y en posparto, bebés y niños», escribió. «Y como se desprende de los estándares de ingresos aplicables, estos individuos son los más pobres entre los pobres. Antes de terminar los beneficios de Medicaid de los que dependen estos individuos, la Constitución exige que el estado de Florida les proporcione un aviso adecuado. El estado de Florida está violando este requisito constitucional».
Al concluir que el estado violó los derechos al debido proceso, Howard escribió que los avisos son “vagos, confusos y a menudo incorrectos y engañosos”. Dijo que la gente no puede entender los avisos y si el estado cometió errores al negarles beneficios.
«Esto aumenta la probabilidad de que cuando el Estado cometa un error, lo cual es inevitable en un programa de este tamaño y complejidad, los padres, niños, mujeres embarazadas y bebés empobrecidos pierdan beneficios médicos vitales a los que tienen derecho», dice el fallo. «Esto causa un daño tremendo no sólo a estos individuos, sino a la sociedad en general. De hecho, es de interés público exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y garantice que las personas elegibles para Medicaid reciban esos beneficios sin interrupción».
Los abogados de personas que habían perdido beneficios presentaron la demanda en 2023 en Jacksonville, y Howard la certificó como una demanda colectiva en 2024. Se aplica a personas que perdieron beneficios después de marzo de 2023 o que podrían perder beneficios debido a determinaciones del estado de que no cumplen con los requisitos de elegibilidad de ingresos para la cobertura.
La demanda tiene sus raíces, al menos en parte, en el fin de 2023 de una emergencia de salud pública federal por COVID-19. Durante la emergencia, el gobierno federal proporcionó dinero adicional al estado para el programa Medicaid, con la salvedad de que el estado no eliminaría a personas del programa.
Pero después de que terminó la emergencia, el estado comenzó lo que se conoce como un proceso de “redeterminación” para revisar la elegibilidad continua de los beneficiarios. Durante un período de un año, el Departamento de Niños y Familias volvió a determinar la elegibilidad de más de 4 millones de personas, según el fallo del martes.
Citando registros del Departamento de Niños y Familias, Howard escribió que 497,918 personas fueron canceladas de Medicaid por razones de elegibilidad de ingresos entre marzo de 2023 y marzo de 2024 y no habían sido reinstaladas en marzo de 2024.
La demanda se centró en los avisos, pero el voluminoso fallo de Howard también detalló problemas relacionados con cuestiones como un sistema informático estatal de décadas de antigüedad y un centro de llamadas. El fallo dijo que las personas que buscaron ayuda sobre la terminación de beneficios en el centro de llamadas podrían ver bloqueadas sus llamadas debido a grandes volúmenes, enfrentar largos tiempos de espera o recibir información errónea.
No quedó claro en el fallo del martes qué tan rápido el estado podría hacer cambios para proporcionar un aviso adecuado antes de terminar los beneficios. Pero Howard escribió que una «notificación constitucionalmente adecuada debe identificar sin ambigüedades la decisión del estado de cancelar todos los beneficios de Medicaid basándose en un hallazgo de inelegibilidad financiera, la persona o personas a quienes se aplica esa decisión y los motivos de esa decisión. Los motivos deben exponerse con suficiente detalle para permitir que el destinatario evalúe la exactitud de la decisión y decida si impugna la determinación».
“Aunque el estado presentó evidencia de que pretende modificar sus avisos en el futuro como parte de su proyecto de modernización (del sistema informático), no tiene planes inmediatos para corregir las fallas graves en los NOCA (Aviso de Acciones de Caso) y no ofreció evidencia sobre qué información se incluiría en los NOCA modernizados”, escribió el juez. «Como tal, a falta de medidas cautelares, el estado seguirá violando los derechos constitucionales de los miembros de la clase».
Howard, sin embargo, rechazó una solicitud de los abogados de los demandantes para reintegrar al programa Medicaid a personas que habían perdido beneficios y no habían sido reintegradas. Sin embargo, el estado tendrá que proporcionar avisos adecuados a esas personas sobre por qué se cancelaron sus beneficios, lo que podría dar lugar a audiencias sobre su reintegro.
La demanda nombra como demandados a la secretaria del Departamento de Niños y Familias, Taylor Hatch, y a la secretaria de la Agencia para la Administración de Atención Médica, Shevaun Harris. Si bien la Agencia para la Administración de la Atención Médica administra gran parte del programa Medicaid, el Departamento de Niños y Familias determina la elegibilidad.
