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MIAMI. – Doce personas fueron arrestadas en Florida acusadas de participar en un presunto plan para obtener licencias de seguros mediante la manipulación de los exámenes exigidos por el estado, tras una investigación del Departamento de Servicios Financieros de Florida (DFS).
Estas certificaciones estatales autorizan a una persona a vender, asesorar o gestionar pólizas de manera legal. Para obtenerlas, los solicitantes deben cumplir requisitos de formación y aprobar pruebas supervisadas.
Los investigadores sostienen que los implicados desarrollaron un mecanismo para evadir los controles del sistema de evaluación y facilitar la obtención fraudulenta de esas credenciales.
Entre los arrestados figura Cinthya Pinto, acusada de varios cargos que incluyen crimen organizado y uso fraudulento de identificación.
De acuerdo con el expediente del caso, Pinto presuntamente reclutaba a personas interesadas en obtener la certificación y les ofrecía gestionar el proceso a cambio de pagos que oscilaban entre 1,500 y 2,000 dólares.
Cuando los aspirantes acudían a realizar las pruebas, el sistema detectaba anomalías que apuntaban a posibles intervenciones externas o remotas.
Las pesquisas también señalan a Rainier Miguel Salas, detenido en 2024, como una figura central en la operación. Según los investigadores, Salas operaba la empresa D&R Financial Service, desde donde presuntamente coordinaba las gestiones vinculadas con la obtención irregular de estas acreditaciones.
Las autoridades determinaron que Salas habría controlado a distancia las computadoras utilizadas durante las evaluaciones desde su oficina ubicada en 6405 del noroeste y la calle 36, en Virginia Gardens, completando las pruebas en nombre de los solicitantes.
Todos los detenidos enfrentan cargos relacionados con la creación de un fraude organizado para obtener credenciales del sector asegurador en Florida. La postura de la fiscalía es que los coacusados participaron, en distintos niveles, en las actividades atribuidas dentro del esquema investigado.
De los 12 arrestados, algunos ya comparecieron ante la corte, otros pagaron fianza y varios permanecen bajo retención migratoria mientras continúan las diligencias judiciales.
