Un grupo de residentes del sur de Florida presentó una demanda este miércoles para intentar impedir que el estado entregue una codiciada parcela frente al mar en Miami a la fundación encargada de construir una biblioteca presidencial dedicada al legado del presidente Donald Trump.
La demanda acusa a Trump, a la fundación, a altos funcionarios de Florida y a Miami Dade College de violar la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados otorgar un beneficio financiero a un presidente en funciones.
El gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios estatales impulsaron el pasado septiembre la donación de 2,63 acres (1,06 hectáreas) de terreno estatal en el centro de Miami a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc., una organización sin fines de lucro creada el año pasado en Florida por Eric Trump, hijo de Trump; su yerno, Michael Boulos; y James Kiley, un abogado que ha representado a la Organización Trump. El terreno, valorado por el tasador local en unos US$ 63 millones, pertenecía antes a Miami Dade College, hasta que su junta votó el año pasado para transferirlo al estado.
Desde entonces, Eric Trump ha anunciado planes para el lugar que incluyen una enorme torre con el nombre Trump en grandes letras y un vestíbulo con un 747 Air Force One. El propio presidente Trump ha sugerido que la biblioteca incluiría un hotel u oficinas y se parecería más a sus otros proyectos inmobiliarios que a los museos construidos por sus predecesores.
“No creo en construir bibliotecas o museos”, dijo Trump a los periodistas el año pasado. También dijo que el terreno está en “la mejor cuadra de Miami”.
En su demanda, los demandantes dijeron que estas declaraciones “dejan claro que el presidente Trump pretende sacar provecho económico de este rascacielos, generando ganancias significativas para él y su familia”. La demanda también sostiene que es probable que el terreno valga cientos de millones de dólares, dadas otras ventas recientes de propiedades cercanas, y que podría duplicar la dotación de Miami Dade College si se vendiera en el mercado abierto.
“Estos fondos podrían haberse utilizado para impulsar las necesidades de investigación de la universidad, ofrecer más programas de licenciatura, asegurar más instalaciones y profesorado de clase mundial, o reducir los gastos estudiantiles”, dice la demanda.
La demanda fue presentada conjuntamente este miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por el Constitutional Accountability Center, un centro de estudios liberal de la ciudad de Washington, y el bufete de abogados de Florida Gelber Schachter & Greenberg.
Entre los demandantes figuran un estudiante de Miami Dade College; una organización sin fines de lucro propiedad del activista local Marvin Dunn que esperaba operar en el terreno; y dos residentes de Miami que dicen que el rascacielos propuesto de Trump les bloquearía la vista.
CNN ha solicitado comentarios a la Casa Blanca, a la fundación de la biblioteca, a Miami Dade College y al estado de Florida.
Los esfuerzos de los funcionarios de Florida por encontrar rápidamente un lugar en el Estado del Sol para el proyecto de Trump tras su presidencia comenzaron poco después de que regresara a la Casa Blanca.
Un proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal controlada por los republicanos y promulgado por DeSantis el año pasado prohibió a los gobiernos locales regular las bibliotecas presidenciales, ante la expectativa de que Trump construyera una en su estado adoptivo.
Más tarde ese otoño, la junta de Miami Dade College celebró una reunión para discutir “posibles transacciones inmobiliarias”. No se incluyeron otros detalles sobre la operación en el aviso público y la agenda indicaba únicamente que la junta discutiría la cesión de propiedad al Estado. No se mencionó una biblioteca presidencial.
Poco después de la votación, DeSantis anunció que el gabinete votaría una semana después para entregar el terreno de Miami Dade College a la fundación Trump. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, también publicó en redes sociales un video pregrabado y editado sobre los planes.
Dunn, el activista local, demandó para detener la entrega en una causa que acusaba a Miami Dade College de violar las leyes estatales de reuniones abiertas. En noviembre, un juez concedió una orden judicial temporal para bloquear la transferencia del terreno.
Sin embargo, el juez levantó la orden judicial un mes más tarde, después de que la junta de Miami Dade College celebrara una segunda votación que incluyó más detalles sobre el propósito de la transferencia del terreno y permitió comentarios del público.
El Estado transfirió oficialmente el terreno a la fundación de la biblioteca en enero, según registros locales.
