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La decisión judicial se basó en preocupaciones ambientales y humanitarias.
La veloz construcción de ‘Alligator Alcatraz’, un centro de detención para migrantes en el corazón de los Everglades, generó polémica desde el primer día. El complejo se levantó en cuestión de semanas sobre lo que alguna vez fue un aeropuerto de entrenamiento. El proyecto, impulsado por el estado de Florida, prometía aliviar el hacinamiento en otras cárceles que alojan inmigrantes bajo custodia federal.
En un inicio, las autoridades estatales lo mostraron como una respuesta rápida a la presión migratoria y hasta lo presentaron como modelo para expandirse en otras partes del país. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y humanitarias comenzaron a alzar la voz sobre distintas violaciones e irregularidades en el lugar.
Una de ellas fue la tribu Miccosukee, que advirtió que esta construcción implicaba graves riesgos para un ecosistema considerado único en el mundo. Denunciaron asfalto, contaminación y un impacto directo en la fauna, como el amenazado puma de Florida.
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Adicionalmente, testimonios de personas detenidas describieron condiciones precarias. Les daban alimentos en mal estado, tenían baños colapsados, falta de medicamentos y calor sofocante bajo carpas improvisadas.
Alligator Alcatraz desde adentro | Foto Axios
La situación escaló a tal punto que el debate sobre la legalidad del centro terminó en los tribunales federales, donde el futuro del centro de detención quedó -al menos momentáneamente- en manos de la jueza Kathleen Williams.
La justicia puso un freno a ‘Alligator Alcatraz’
El pasado jueves 21 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó detener la expansión de Alligator Alcatraz y prohibió el ingreso de nuevos detenidos mientras avanza el caso. También dispuso que, en un plazo de 60 días, el estado traslade a los migrantes ya alojados y retire cercas, generadores y alumbrado instalados en el lugar.
La decisión recibió respaldo inmediato de líderes locales. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró el fallo desde la entrada del mismo centro y lo calificó como una victoria para el ambiente y para las familias afectadas.
“Desde el principio, este centro de detención fue imprudente y peligroso. Amenazó nuestros preciados Everglades y el agua potable, puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los detenidos. Expuso a los contribuyentes de Miami-Dade a costos que no deberíamos haber tenido que asumir. Lo más importante es que es una victoria para las familias que han sufrido penurias inimaginables debido a lo que sucede en este centro”, expresó la alcaldesa.
Yesterday’s ruling halting construction and shutting down operations at “Alligator Alcatraz” is a victory for our environment, basic human dignity, and freedom for local communities in Florida. Thank you to all the advocates whose courage and persistence made this possible. pic.twitter.com/Bz2vwGx5AL
— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 22, 2025
Asimismo, organizaciones ambientalistas y representantes de la tribu Miccosukee también saludaron la medida. Según ellos, la orden judicial representa un respiro para los humedales en riesgo y un reconocimiento a años de trabajo para proteger un territorio esencial para la biodiversidad de Florida.
DeSantis apela la decisión
El gobernador Ron DeSantis reaccionó de inmediato y presentó una apelación contra la decisión de la jueza. Su administración insistió en que el centro no representa una amenaza ambiental significativa. En ese sentido, defendió la construcción como parte de una estrategia estatal para apoyar la política federal de control migratorio.
La apelación busca revertir la prohibición de ampliar el complejo y mantenerlo en funcionamiento a plena capacidad. Según el plan original, ‘Alligator Alcatraz’ podría albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales.
Además de defender el proyecto actual, DeSantis dejó ver su intención de levantar otros centros similares en distintas zonas del estado. Uno de ellos sería el ya apodado “Deportation Depot”, en las instalaciones de la Guardia Nacional al norte de Florida.
Por los momentos, la batalla legal sigue su curso, pero la situación se mantiene en un punto álgido de tensión. Una parte ve el centro como una herramienta para el control migratorio y la otra, lo considera un peligro ambiental y humanitario.
