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Casi dos meses después del precipitado y controvertido nacimiento de “Alligator Alcatraz”, una jueza federal frenó drásticamente la operación al dictaminar que no se puede enviar a más personas al remoto campo de detención de migrantes, ubicado en las profundidades de los pantanos de los Everglades.
Construido en cuestión de días, el centro recibió fuertes críticas por el trato dispensado a los migrantes, quienes han sido confinados en jaulas en medio de un calor sofocante, plagas de insectos y escasa comida. Esto llevó a miembros del Congreso y representantes estatales, que presenciaron esas condiciones, a exigir su cierre inmediato.
La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, emitió el jueves una orden preliminar en una demanda federal presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee de Indígenas de Florida. Miccosukee, una tribu nativa americana cuya reserva se encuentra a pocos kilómetros de las instalaciones, expresó su seria preocupación por el impacto que estas tendrán en sus tierras y en la zona ambientalmente sensible, incluyendo la flora y fauna de los Everglades.
“El proyecto genera daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, declaró Williams en la orden.
Una orden judicial preliminar es una orden temporal que se establece hasta que un tribunal pueda tomar una decisión definitiva en un caso. Los gobiernos federal y estatal están intentando apelar la orden del juez, según documentos judiciales.
El estado ha solicitado al tribunal que suspenda temporalmente la ejecución de la orden del juez federal mientras se resuelve la apelación, argumentando que “el interés público sufrirá daños irreparables” debido a la orden preliminar, incluyendo la interrupción de la respuesta policial y pérdidas económicas. El estado solicitó al juez que se pronuncie sobre su solicitud antes del lunes a las 5 p.m., hora local.
“Anoche nos enteramos de que una jueza intentó cambiar radicalmente el panorama con respecto a nuestro centro de deportación y procesamiento de detenidos en el sur de Florida, ‘Alligator Alcatraz’. Solo quería decir que esto no fue algo inesperado”, declaró el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa el viernes. “Sabíamos que esto era algo probable y responderemos en consecuencia”.
“No nos van a disuadir”, dijo DeSantis. “Tenemos toda la razón en esto”.
DeSantis está redoblando sus esfuerzos en los centros de detención de inmigrantes en su estado, incluyendo el anuncio de uno nuevo al que denominó “Deportation Depot”, con capacidad para 2.000 detenidos.
Por ahora, está prohibida la instalación de cualquier tipo de iluminación industrial adicional, así como la pavimentación, la excavación, el cercado o la construcción de edificios o tiendas de campaña adicionales en “Alligator Alcatraz”. La orden también prohíbe que ingresen nuevos detenidos.
La iluminación, las cercas y “todos los generadores, el gas, las aguas residuales y otros contenedores de residuos que se instalaron para apoyar este proyecto” y que se agregaron al Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier también deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden, declaró Williams, lo que implica el cierre efectivo de las instalaciones que se han convertido en un elemento central de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, a la que se oponen en gran medida los estadounidenses.
“‘Alligator Alcatraz’ sigue en funcionamiento y no cejaremos en nuestra misión de detener, deportar y cumplir con la promesa de servicio al pueblo estadounidense”, declaró el viernes el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una publicación en redes sociales.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, condenó el fallo de Williams como un intento de descarrilar las medidas de la Administración Trump para combatir la inmigración.
“Este fallo de una jueza activista ignora el hecho de que este terreno ya lleva una década siendo urbanizado”, declaró McLaughlin. “Es otro intento de impedir que el presidente cumpla con el mandato del pueblo estadounidense de expulsar de nuestro país a los peores de los peores, incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos, terroristas y violadores”.
Williams fue nombrada por el expresidente Barack Obama.
En junio, declaró a Uthmeier —quien ha defendido la idea de “Alligator Alcatraz”— en desacato civil tras parecer desafiar públicamente su orden de suspender una nueva ley estatal de inmigración que tipifica como delito la entrada ilegal a Florida.
DeSantis también calificó a Williams de “jueza activista” en su sesión informativa del viernes.
“Esta jueza no nos iba a dar una oportunidad justa. Estaba predestinado; es una jueza activista que intenta imponer políticas desde la tribuna”, declaró el gobernador.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó el fallo como una victoria para la libertad, las comunidades locales y el medio ambiente.
“Lo más importante es que es una victoria para las familias que han soportado penurias inimaginables debido a lo que ocurre en este centro”, declaró Cava. “Las personas que han estado recluidas aquí, los detenidos, han enfrentado condiciones que han conmocionado a nuestra comunidad, a nuestra nación y, de hecho, al mundo; condiciones que han traicionado los valores que definen a Estados Unidos”.
Unas 400 personas siguen detenidas en “Alligator Alcatraz”, declaró la alcaldesa, añadiendo que desconoce la cifra exacta, ya que no se le ha permitido entrar en el centro.
El resultado de la apelación planeada por el estado y si la instalación será cerrada permanentemente siguen siendo inciertos.
“No podemos predecir con exactitud qué sucederá. Han apelado otras sentencias de la jueza Williams que no han sido confirmadas”, dijo Cava. “En este caso, se basa en argumentos ambientales y esperamos que tribunales superiores confirmen su fallo”.
El experto legal Michael Romano, director del Proyecto Three Strikes de la Facultad de Derecho de Stanford, afirma que el futuro dependerá del resultado de la apelación.
“Una orden judicial preliminar es solo eso: preliminar. Normalmente se defienden, pero supongamos que la apelación fracasa”, declaró Romano a CNN. “No es el final de la historia. Entonces solicitarían lo que se llama una orden judicial permanente, y la apelarían. Así que el proceso se prolongará un tiempo”.
Queda por ver si la Administración DeSantis acatará las exigencias de la orden judicial, incluyendo detener la llegada de nuevos detenidos y demoler la infraestructura según lo ordenado por Williams, o si se resistirá.
“Si se desafía una orden judicial, puede ser acusado de desacato, y creo que ha habido varias circunstancias dentro de la nueva Administración (de Trump) en las que se ha puesto a prueba la disposición del tribunal para imponer una orden de desacato”, dijo Romano.
“La Administración definitivamente pone a prueba los límites, pero no siempre los sobrepasa”, añadió. “Creo que es seguro predecir que pondrán a prueba los límites de este tribunal si no logran que se revoque la decisión”.
Congresistas y representantes estatales que realizaron una visita limitada el mes pasado para inspeccionar las condiciones describieron a la instalación como “inhumana”, con detenidos “hacinados en jaulas, humanos de pared a pared, 32 detenidos por jaula”, declaró entonces la representante Debbie Wasserman Schultz, del Distrito Congresional 25 de Florida.
Cada jaula contenía tres pequeños inodoros con lavabos adjuntos, que los detenidos utilizan para beber agua y cepillarse los dientes.
Los legisladores estaban preocupados por los informes sobre las condiciones insalubres debido a que los inodoros no funcionaban y “había heces esparcidas por todas partes”, pero se les negó el acceso a las unidades de observación donde se encuentran detenidos los migrantes y no se les permitió visitar las instalaciones médicas, explicó el representante Maxwell Alejandro Frost, quien también participó en la visita.
A pesar de las críticas y los informes sobre las duras condiciones, “Alligator Alcatraz” sirve de modelo para que otros estados establezcan instalaciones similares, incluyendo el “Depósito de Deportación” en el norte de Florida, así como otros centros de detención de inmigrantes en Indiana y Nebraska.
El “Deportation Depot” de DeSantis estará ubicado dentro de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal temporalmente cerrada a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville, cerca del Bosque Nacional Osceola.
“El objetivo no es solo albergar a personas indefinidamente. Queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a su país de origen”, declaró DeSantis la semana pasada.
Es probable que la instalación esté lista pronto, según Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida.
En Bunker Hill, Indiana, el Centro Correccional de Miami ofrece 1.000 camas sin usar al ICE para la detención de migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional ha apodado la instalación “Speedway Slammer”, según un comunicado de prensa del DHS.
En Nebraska, el gobernador republicano Jim Pillen anunció el 19 de agosto que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) establecerá un centro de detención en McCook, una ciudad con una población de aproximadamente 7.000 habitantes. El Departamento de Seguridad Nacional ha bautizado la instalación como “Cornhusker Clink”.
Cava afirmó que era “doloroso” ver cómo los líderes estatales desestimaban las preocupaciones de la comunidad y el posible impacto ambiental tanto en la tierra como en las personas que viven en las cercanías, “en particular, la tribu cuyas tierras sagradas están siendo violadas”.
El centro de detención de migrantes está rodeado por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y las tierras de los Miccosukee, tribu demandante en el caso.
El Parque Nacional Everglades es un humedal subtropical de gran importancia ambiental, hogar de especies amenazadas y uno de los ecosistemas de manglares más grandes del mundo. También proporciona servicios esenciales al sur de Florida, como agua potable para más de 8 millones de personas y protección contra huracanes e inundaciones, según la Federación Nacional de Vida Silvestre.
“Todos los gobernadores y senadores de Florida, e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluyendo presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, declaró Williams en la orden. “Esta orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”.
Williams afirmó que la instalación no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). La NEPA, promulgada por el presidente Richard Nixon, se considera una de las leyes ambientales fundamentales que se formuló al comienzo del movimiento ambientalista moderno.
Antes de la construcción de la instalación, los demandados debían, según la NEPA, realizar una evaluación ambiental o emitir una declaración del impacto que podría generar, pero no cumplieron con ninguna de las dos.
“La Declaración de Impacto Ambiental (EIS) o la Evaluación Ambiental (EA) deben preceder a cualquier ‘acción federal importante que afecte significativamente la calidad del entorno humano’”, escribió Williams en su fallo. “Según el lenguaje legal, los demandados no pueden empezar la casa por los tejados; no pueden construir una instalación y, solo en respuesta a un litigio como el presente caso, decidir cumplir con sus obligaciones legales”.
Según el fallo y el testimonio de la tribu Miccosukee, el escurrimiento y el vertido de aguas residuales de “Alligator Alcatraz” representan una amenaza para el suministro de agua en el Área Reservada Miccosukee, hogar del 80 % de los miembros de la tribu, ubicada a pocos kilómetros río abajo de las instalaciones.
El tribunal también revisó planos y fotografías que muestran que, hasta la fecha, la operación de las instalaciones ha implicado la pavimentación de aproximadamente 75.000 metros cuadrados de terreno y la instalación de iluminación industrial que impacta el cielo nocturno a una distancia de al menos 32 a 48 kilómetros.
El aumento de la iluminación del proyecto ahuyentará a los animales de la zona, según declararon durante su testimonio la directora de Recursos Hídricos, Amy Castaneda, y el director del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, Dr. Marcel Bozas.
La iluminación artificial también reduce el hábitat de la pantera, en peligro de extinción, en 800 hectáreas, ya que los estudios sugieren que es poco probable que las panteras se acerquen a menos de 500 metros de una gran fuente de luz artificial, escribe Williams en el fallo.
Bozas también señaló que el centro interrumpe las tradiciones de la tribu de caza, pesca y recolección de plantas ceremoniales y medicinales en los alrededores, específicamente en senderos fuera de carretera con puntos de acceso en la cerca del centro de detención, cuya eliminación, según Williams, permitirá a la tribu acceder de nuevo a dichos puntos.
“Esta no es nuestra primera lucha por nuestras tierras y nuestros derechos”, declaró Talbert Cypress, jefe de la tribu, en un comunicado de prensa. “Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y los Everglades”.
Devon Sayers e Isabel Rosales, de CNN, contribuyeron a este informe.
