Defensores de la educación pública en Florida presionan a legisladores tras conferencia en Tallahassee

Durante el encuentro, los participantes advirtieron que, a su juicio, el estado no está cumpliendo plenamente con su obligación constitucional de garantizar una educación pública gratuita y de alta calidad, en medio de debates legislativos sobre financiamiento, políticas de escuelas chárter y programas de vales educativos.

El presidente de la FEA, Andrew Spar, señaló que el momento legislativo representa una oportunidad decisiva.

“Como saben los educadores, padres y estudiantes de todo el estado, Florida no está cumpliendo con el requisito constitucional que tiene. Pero los legisladores tienen la oportunidad de hacerlo”.

Spar subrayó que varios proyectos de ley relacionados con condiciones laborales docentes y estabilidad del sistema educativo han avanzado en el Senado, pero aún no han sido programados para debate en la Cámara de Representantes.

Entre los temas discutidos estuvieron la compresión salarial cuando educadores con experiencia ganan lo mismo que nuevos contratados, la posibilidad de contratos multianuales, certificaciones docentes de mayor duración, así como mayor transparencia en programas de vales educativos.

Representantes de organizaciones de padres expresaron preocupación sobre políticas estatales que, según argumentan, podrían debilitar la educación pública tradicional.

Damaris Allen, directora ejecutiva de Families for Strong Public Schools, criticó la expansión del modelo de escuelas chárter compartiendo instalaciones con escuelas públicas.

“Nos preocupa el futuro de nuestros estudiantes, nos preocupa que pierdan oportunidades y nos preocupa su seguridad… En cada paso del proceso, los padres han sido ignorados”.

En la misma línea, el líder estudiantil Zander Moricz cuestionó la evolución del programa Schools of Hope.

“A través de una extralimitación política, esta política se ha expandido hasta convertirse en una herramienta que quita el control a las comunidades locales… los estudiantes de Florida nos están mostrando la salida”.

La Dra. Kysha Fedd, consultora de seguridad pública de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Florida, insistió en que existe coincidencia entre familias y maestros sobre las necesidades del sistema.

“Padres y maestros son aliados. Queremos lo mejor para nuestros hijos… Las familias quieren escuelas donde las aulas no estén sobrepobladas, donde los estudiantes no estén cambiando de maestros año tras año y donde el personal educativo reciba salarios dignos”

Dirigentes sindicales locales señalaron el efecto directo en la estabilidad educativa y las comunidades.

Antonio White, presidente de United Teachers of Dade, describió el impacto que observó en Miami tras la apertura de una escuela chárter compartiendo instalaciones.

“La escuela perdió puestos de personal, perdió programas, y los niños que permanecieron se sintieron como invitados en sus propios edificios escolares… Esa no es la forma de construir una educación pública sólida”.

Por su parte, David Freeland, de la Education Association of St. Lucie, vinculó la falta de contratos multianuales con la salida de docentes del sistema.

“En el papel, parece un problema de personal. En la vida real, es un problema para los estudiantes… Necesitan maestros que permanezcan el tiempo suficiente para construir relaciones”.

Otros líderes sindicales advirtieron sobre efectos a largo plazo en el sistema educativo y en la economía estatal.

Tiffany Kane, de Okeechobee County Education Association, afirmó:

“La educación pública es la piedra angular de nuestra economía, nuestras comunidades y nuestra futura fuerza laboral… Estamos pidiendo a los legisladores que fortalezcan, no abandonen, la educación pública”.

Mientras, RJ Decoteau destacó el impacto en zonas rurales.

“Cuando nuestras escuelas tienen dificultades, toda nuestra comunidad lo siente”.

Stephanie Yocum, de Polk Education Association, planteó que el debate también es sobre prioridades presupuestarias.

“Los presupuestos reflejan prioridades… Debemos exigir que los legisladores escuchen a los padres y a los educadores”.

Durante la conferencia también se abordó el panorama universitario.

Robert Cassanello, de United Faculty of Florida, advirtió sobre posibles efectos en el ambiente académico.

“La educación superior pública en Florida está bajo ataque, y nuestros estudiantes están pagando el costo… Este clima de miedo provocará que los estudiantes reciban una educación incompleta”.

Los participantes coincidieron en que las próximas decisiones presupuestarias y legislativas podrían definir el rumbo del sistema educativo público en el estado durante los próximos años, en un momento en que el crecimiento poblacional y la demanda de servicios educativos continúan en aumento.

Más allá del debate político, la discusión deja sobre la mesa una realidad que impacta directamente a millones de familias en Florida: el futuro de la educación pública sigue siendo uno de los temas más sensibles y determinantes para el desarrollo social y económico del estado. Mientras avanzan las sesiones legislativas, padres, educadores y estudiantes mantienen su llamado a que las decisiones que se tomen en Tallahassee reflejen, más allá de ideologías, las necesidades reales de las comunidades a las que el sistema educativo está llamado a servir.