Es posible que Jan Gautam pronto tenga que despedir a cientos de trabajadores de decenas de hoteles en Florida. Por este motivo es que el director ejecutivo de IHRMC Hotels & Resorts sigue muy de cerca un caso de inmigración que se presenta ante la Corte Suprema esta semana.
Los empleados son haitianos que poseen el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Estaba previsto que su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos expirara a principios de febrero tras una decisión del Gobierno de Trump que ponía fin a las protecciones. Sin embargo, un juez federal suspendió dicha decisión y luego la administración apeló ante la Corte Suprema, que tiene previsto escuchar los argumentos orales del caso este miércoles.
Aproximadamente el 30 % del personal hotelero de Gautam en Florida está compuesto por haitianos titulares del TPS, quienes se desempeñan como personal de limpieza, jardineros, supervisores y en otros puestos. Si se viera obligado a despedirlos, podría tener que mantener algunas habitaciones cerradas en ciertos momentos, dado que los hoteles no podrían prepararlas con la prontitud necesaria para recibir a los siguientes huéspedes. Además, tendría que invertir miles de dólares en la capacitación de cada nuevo empleado, lo cual reduciría aún más su margen de ganancias.
En definitiva, si los titulares del TPS pierden su estatus, esto le acarreará costos de cientos de miles de dólares, además de una gran inversión de tiempo y numerosos dolores de cabeza, afirmó.
“Necesitamos contar con estas personas”, declaró Gautam. “Uno las capacita y, acto seguido, tienen que marcharse; no por decisión propia, sino por decisión de terceros”.
El destino del personal de Gautam, así como el de más de otros 350.000 inmigrantes haitianos, descansa en manos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes se han alineado con la administración Trump en la mayoría de sus apelaciones en materia de inmigración. El amparo del TPS, que permite a sus titulares vivir y trabajar en Estados Unidos, se aplica a aquellas personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen, devastados por conflictos armados o desastres naturales. Los inmigrantes haitianos obtuvieron la elegibilidad después de que un terremoto sacudiera el país en 2010. Desde entonces, la designación ha sido renovada en múltiples ocasiones en medio de la serie de crisis que enfrenta el país, que incluyen la violencia generalizada por parte de pandillas armadas, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021.
Cinco titulares haitianos del TPS están impugnando la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin a dichas protecciones, argumentando que la agencia no llevó a cabo la revisión necesaria para determinar si es seguro regresar a Haití y que la decisión de la agencia deriva, en parte, de la animosidad racial del presidente Donald Trump. El DHS ha argumentado que las protecciones nunca tuvieron la intención de ser permanentes.
“El TPS para Haití se otorgó a raíz de un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado a CNN. “Nunca se concibió como un programa de amnistía de facto. Sin embargo, así es como las administraciones anteriores lo han utilizado durante décadas. Temporal significa temporal, y la última palabra no la tendrán jueces activistas que legislan desde el estrado”.
Muchos haitianos con TPS han vivido durante años en Estados Unidos, desarrollando carreras profesionales, comprando viviendas y formando familias. Florida alberga, con gran diferencia, la mayor proporción de ellos. Sin embargo, también hay decenas de miles que residen en Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, Ohio y otros estados.
A principios de 2025, cerca de 190.000 titulares de TPS de origen haitiano se encontraban empleados, según un análisis realizado por FWD.us, una organización de políticas y defensa centrada en la inmigración y la justicia penal. Muchos trabajan en el comercio minorista, la hostelería, el sector salud y otras industrias, desempeñándose como cocineros y meseros, reponedores y empacadores, y asistentes de enfermería.
Según hallazgos de FWD.us, estas personas aportan una cifra estimada de US$ 5.900 millones a la economía estadounidense, además de pagar US$ 1.600 millones en impuestos federales, sobre la nómina, estatales y locales.
“Arrebatar esa [protección] a cientos de miles de personas tendrá consecuencias inmensas”, afirmó Todd Schulte, presidente de FWD.us. “Veremos cómo se manifiesta esto en muchísimas industrias a lo largo y ancho del país”.
Emma, quien ha vivido en Estados Unidos desde que era una niña pequeña y obtuvo el TPS tras el terremoto de 2010, es profesora de historia en una escuela secundaria pública de Massachusetts, un campo que actualmente sufre escasez de personal.
“Desempeño un papel fundamental en la economía estadounidense”, señaló, añadiendo que ha tenido al menos un empleo, y en ocasiones dos, desde que tenía 17 años. Solicitó que no se revelara su apellido por temor a sufrir represalias por parte del Gobierno.
Algunos críticos de la inmigración sostienen que los recién llegados les quitan empleos a los estadounidenses nativos. Sin embargo, un estudio reciente realizado por economistas de dos bancos de la Reserva Federal —que analizó el empleo en las economías locales tras la llegada de un gran número de inmigrantes indocumentados a principios de esta década— demuestra que tal afirmación no se ajusta a la realidad, según explicó Michael Clemens, profesor de Economía en la Universidad George Mason. Los investigadores no hallaron pruebas de desplazamiento laboral. Por el contrario, observaron incluso un aumento en el número de empleos en los sectores de la construcción, el ocio y la hostelería.
“Considerando todos los sectores en su conjunto, estos inmigrantes están contribuyendo al empleo general en cada ciudad, sin desplazar de sus puestos de trabajo a ningún nativo ni a ningún inmigrante autorizado”, afirmó Clemens, quien encabezó un grupo de economistas que presentó un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema, argumentando que poner fin a las protecciones del TPS para más de un millón de inmigrantes provenientes de más de una docena de países “causaría un daño masivo” a la economía nacional.
Los empleadores también han comentado a Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, que los residentes nacidos en el país a menudo no solicitan ciertos tipos de empleos, tales como hacer camas y limpiar baños en hoteles. Esto pone de manifiesto la labor esencial y ardua que realizan los beneficiarios del TPS, señaló Shi. Otros empleadores declararon a CNN que también enfrentan dificultades para atraer a trabajadores nacidos en el país para cubrir diversos puestos.
Los beneficiarios haitianos del TPS también han revitalizado algunas comunidades locales, como la de Springfield, Ohio, donde fueron objeto de ataques por parte de Trump, quien, durante un debate presidencial en 2024, los acusó de comer perros y gatos.
Springfield se está “recuperando” en parte gracias a sus residentes inmigrantes haitianos, quienes trabajan y gastan su dinero en la comunidad, declaró en febrero el gobernador de Ohio, Mike DeWine, a Dana Bash de CNN en el programa Inside Politics.
“Lo que los empleadores me han dicho una y otra vez es: ‘Contratamos a haitianos hace uno, dos o tres años francamente porque no lográbamos cubrir estos puestos’”, relató. “Si pierden el Estatus de Protección Temporal ya no podrán trabajar y las empresas no podrán emplearlos. Eso supone un duro golpe para la economía, es un golpe para el estado”.
Los recién llegados haitianos también han puesto en marcha pequeñas empresas en Springfield, en particular restaurantes. Esto no resulta sorprendente, afirmó Guerline Jozef, directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes que también presta servicios a haitianos y a otros inmigrantes de raza negra. Muchas de las personas que residen en Haití son emprendedores, comerciantes y creadores de negocios.
La alianza gestiona un programa de desarrollo empresarial del que, hasta la fecha, se han graduado 40 personas, en su mayoría beneficiarios del TPS. En los últimos años, estos emprendedores han establecido salones de belleza, tiendas temporales (las llamadas “pop-ups”) de productos cosméticos, restaurantes, empresas de limpieza y otros negocios.
“Llevan ese espíritu dentro debido a la estructura económica de su país de origen”, explicó Jozef.
En Sinai Residences, 40 titulares del TPS de origen haitiano ayudan a cuidar a los aproximadamente 500 residentes de edad avanzada, desempeñándose como asistentes de enfermería certificados, enfermeros, personal de cocina y camareros, auxiliares de deta, personal de limpieza, trabajadores de mantenimiento y porteros, según afirmó Rachel Blumberg, directora ejecutiva de esta comunidad de vida para personas mayores ubicada en Boca Ratón, Florida. Estos empleados representan cerca del 9 % de la plantilla, y algunos han trabajado en Sinai Residences desde su apertura hace una década.
Preocupada ante la posibilidad de perder repentinamente una parte fundamental de su personal, Blumberg ya ha invertido US$ 600.000 durante el último año para aumentar los salarios, ofrecer bonos de contratación y capacitar a nuevos empleados.
“Esto tiene un impacto financiero significativo para nuestra comunidad”, señaló. “Lamentablemente, ese costo termina repercutiendo en las personas mayores”.
Además, la inminente expiración de las protecciones del TPS se produce en un momento en que la contratación de personal resulta difícil y la población de Estados Unidos está envejeciendo. “El grupo de candidatos interesados en estos empleos se está reduciendo, y la posible salida de los empleados haitianos con TPS es como echar sal en la herida”, comentó Blumberg.
Pero, más allá del impacto económico, a Blumberg le preocupa el efecto que esto tendrá en los residentes, quienes han forjado vínculos afectivos con los empleados haitianos amparados por el TPS. Asimismo, el personal con mayor antigüedad conoce a fondo las necesidades de los residentes y es capaz de detectar cambios en su comportamiento que podrían ser indicio de un posible problema de salud.
Muchos proveedores de servicios para personas mayores temen verse obligados a reducir su capacidad operativa o sus servicios si pierden a los empleados que cuentan con el TPS, afirmó Steve Bahmer, director ejecutivo de LeadingAge Southeast, una asociación de organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios de atención a la tercera edad en Florida, Alabama, Louisiana y Mississipii. Los miembros de la asociación en Florida le han comunicado que prevén tener que despedir a entre el 8 % y el 15 % de su personal de atención directa a los residentes si los ciudadanos haitianos pierden la protección que les otorga el TPS.
“Estamos hablando de una fuente de mano de obra fundamental que está estructuralmente integrada en el sistema de prestación de servicios de salud”, explicó Bahmer. “No existe un excedente de trabajadores esperando para ocupar estos puestos”.
Vanessa Joseph, de 42 años, consiguió un empleo en Sinai Residences apenas unos meses después de haber obtenido el TPS, hace casi tres años. Joseph, su hijo de 19 años y su hermana menor huyeron de Haití después de que otra de sus hermanas sufriera dos intentos de secuestro y el negocio donde ella trabajaba fuera incendiado. Ahora todos viven juntos en un apartamento y trabajan en Sinai Residences: ella como ama de llaves, su hermana como parte del personal de cocina y su hijo como camarero.
Cuando la administración Trump intentó poner fin al TPS para los haitianos el año pasado, Joseph contó que lloraba todos los días y tenía dificultades para dormir. Sin embargo, trató de ocultárselo a su hijo, pues no quería que él también se asustara.
A la familia se le concedió asilo en febrero, por lo que no se verán afectados por la decisión de la Corte Suprema. No obstante, muchos de sus compañeros de trabajo se encuentran en estado de pánico, señaló ella.
“No saben qué harán”, dijo Joseph. “Algunos tal vez se marchen del país, otros quizás intenten quedarse. Tienen facturas que pagar”.
