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El costo de reemplazar o eliminar estos elementos con los colores del arcoíris representa un gasto significativo para las ciudades.
Las ciudades del sur de Florida tienen muchos elementos característicos, como murales de arte callejero, símbolos urbanos y pasos peatonales distintivos. Estas “decoraciones” en los espacios públicos reflejan la identidad de cada urbe y también el apoyo a causas de las comunidades. Sin embargo, hay una nueva orden estatal que puso esto en el centro del debate y la presencia de ciertos colores en las calles y aceras es ahora motivo de controversia.
En los últimos años, los gobiernos municipales de ciudades como Miami Beach, Delray Beach y Key West han incorporado elementos de color en sus calles como forma de visibilizar la diversidad y promover la inclusión. Entre los más llamativos están los pasos peatonales decorados con los colores del arcoíris, en apoyo a la comunidad LGBTQ.
Para muchos residentes, estos espacios no solo representan un gesto de aceptación, sino también un punto de encuentro y expresión cultural. Aún así, el gobierno estatal piensa absolutamente lo contrario.
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En medio de este panorama, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ordenó a la ciudad de Miami Beach eliminar el paso peatonal con los colores del arcoíris en Ocean Drive.
Esta directriz causó malestar en algunos comisionados de la ciudad, quienes antes de simplemente acatar, están pensando en pelear para impedir esta acción.
El paso peatonal debe ser removido a principios de septiembre | Foto: Atlas Obscura
Una orden estatal y una respuesta en Miami Beach
El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) envió a Miami Beach una orden para remover el paso de peatones con los colores del arcoíris ubicado en Ocean Drive. Para ello establecieron el próximo 4 de septiembre como fecha límite.
El organismo advirtió que, de no cumplirse, el estado se encargaría de retirarlo y retendría los fondos estatales destinados a la ciudad.
La directiva se basa en un memorando de junio que prohíbe expresamente el arte en pasos de peatones o aceras asociado con ideologías políticas.
Algunos comisionados de Miami Beach, como Alex Fernandez y Joe Magazine, rechazaron la orden y anunciaron que presentarán una apelación. Ambos líderes enfatizaron la importancia del paso peatonal como símbolo de inclusión y seguridad para la comunidad LGBTQ.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su indignación por la medida. Además afirmó que seguirá respaldando a la comunidad LGBTQ para garantizar un condado inclusivo y seguro. Sin embargo, el gobernador DeSantis defendió la decisión. A su juicio, no deben permitir que las carreteras estatales se utilicen con fines políticos.
I am outraged by the State of Florida’s removal of Pride crosswalks—symbols of love, unity and respect.
I stand proudly with all our LGBTQ residents and allies, and will continue to build a community where everyone feels seen, safe, and celebrated. pic.twitter.com/nGQsHXtNaD
— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 21, 2025
Resistencia y costos para las ciudades
La situación en Miami Beach se suma a lo ocurrido en Orlando, donde el paso peatonal frente al club Pulse, construido en memoria de las 49 víctimas del ataque de 2016, fue pintado por las autoridades durante la noche. Este hecho provocó la condena del senador estatal Carlos Guillermo Smith, quien calificó la acción como irrespetuosa con las familias afectadas.
Además de Miami Beach, otras ciudades como Delray Beach y Key West han expresado su intención de mantener sus pasos peatonales con colores del arcoíris.
Aún así, algunas localidades han acatado la orden del FDOT: Boynton Beach cubrió un mural callejero en julio, Gainesville eliminó pasos de peatones. West Palm Beach aceptó retirarlos, aunque planea reubicar los diseños en parques cercanos. Sarasota también se comprometió a eliminar varias instalaciones, incluido su “PrideWalk”.
El costo de reemplazar o eliminar los pasos de peatones con los colores del arcoíris representa un gasto significativo para las ciudades. Miami Beach advirtió que los fondos destinados a estas acciones correrían por cuenta del municipio. Esto añade presión sobre los comisionados para decidir si desafían la orden estatal o cumplen con la directiva.
