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junio 2, 2026
El fiscal general la acusa de anteponer beneficios a la seguridad humana.
Florida ha sacudido los cimientos de la industria tecnológica al convertirse en el primer estado en presentar una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.
La acción judicial, descrita por el fiscal general James Uthmeier como la primera iniciativa de este tipo impulsada por un gobierno estatal en los Estados Unidos, acusa formalmente a la empresa de lanzar al mercado un producto defectuoso y peligroso para los menores de edad.
Además, Utheimer agregó que la empresa minimiza de forma deliberada los riesgos existenciales y cognitivos asociados al uso masivo de la inteligencia artificial (IA)
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La querella civil imputa a OpenAI un total de cuatro cargos por prácticas comerciales engañosas y desleales, dos cargos por negligencia, dos cargos por violación de las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, un cargo por falsa representación fraudulenta y otro por causar una molestia pública.
Today, we announced the first-in-the-nation state-led lawsuit against OpenAI and its CEO, Sam Altman.
OpenAI and Altman ignored internal and external safety warnings, put children at great risk, and allowed a dangerous product to reach millions of Floridians.… pic.twitter.com/bZYhWDYdCU
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 1, 2026
El nexo de ChatGPT con tiroteos universitarios
Según el documento legal, ChatGPT fue diseñado de forma complaciente para dar la razón a los usuarios por cualquier medio, sin importar la veracidad, con el único fin de prolongar las interacciones, recolectar más datos de entrenamiento sin el consentimiento paterno e impulsar el valor de mercado de la empresa.
Uno de los puntos más críticos de la demanda vincula directamente a la plataforma con escenarios de violencia extrema del pasado reciente. La oficina del fiscal general hace referencia al presunto uso de ChatGPT en la planificación de un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida que dejó dos víctimas mortales, así como en el asesinato de dos estudiantes de posgrado en la Universidad del Sur de Florida.
Uthmeier argumentó que la herramienta ofreció asesoramiento científico y factual al atacante sobre la selección de armamento, municiones y tácticas de proximidad, sentenciando que si hubiera sido una persona al otro lado de la pantalla, se le acusaría formalmente de asesinato. Esta acción civil avanza de forma paralela e independiente a una investigación criminal que la propia fiscalía inició contra OpenAI a finales de abril.
OpenAI needs to be held accountable. When your “intelligence” technology is designed to advise someone on how to use weapons and carry out a school shooting, there is a very big problem. https://t.co/7FjVp4OIRJ
— James Uthmeier (@JamesUthmeierFL) May 12, 2026
Otras acusaciones y respuesta de OpenAI
El litigio también recoge casos trágicos de índole privada, señalando que la compañía enfrenta reclamaciones de los representantes de al menos siete personas que alegan que los algoritmos indujeron a los usuarios al suicidio o al desarrollo de delirios perjudiciales.
Entre ellos destaca el fallecimiento por negligencia del adolescente Sam Nelson en mayo de 2025, cuya madre culpa a la firma por haberle proporcionado instrucciones letales sobre cómo mezclar las sustancias kratom y Xanax.
Esta ofensiva se alinea con la postura política del gobernador Ron DeSantis, quien ha promovido una “Carta de Derechos de la IA” para proteger la privacidad de los floridanos frente a la Casa Blanca, la cual advierte que una fragmentación de normativas locales podría frenar la innovación nacional de cara al Marco Legislativo Nacional de Inteligencia Artificial promovido por la Administración de Donald Trump.
An executive order doesn’t/can’t preempt state legislative action. Congress could, theoretically, preempt states through legislation.
The problem is that Congress hasn’t proposed any coherent regulatory scheme but instead just wanted to block states from doing anything for 10… https://t.co/owWauZxRLk
— Ron DeSantis (@RonDeSantis) December 8, 2025
Por su parte, los portavoces de OpenAI, liderados por Drew Pusateri, han rechazado categóricamente las acusaciones, calificando los tiroteos de tragedias pero enfatizando que ChatGPT no es responsable de los crímenes, dado que se limitó a ofrecer respuestas objetivas con información de acceso público en internet sin promover actividades ilícitas.
La empresa defiende que diseña sus sistemas con salvaguardas estrictas en cada etapa, especialmente dirigidas a proteger a los adolescentes, y que continúa optimizando el entrenamiento de sus modelos para identificar signos de angustia emocional, desescalar conversaciones y redirigir a los usuarios hacia líneas de apoyo profesional en el mundo real.
No obstante, el movimiento legal busca sentar un precedente inusual al exigir la responsabilidad personal y financiera de Sam Altman, sorteando la protección corporativa tradicional bajo el argumento de que actuó con absoluta indiferencia y temeridad ante el riesgo para la vida humana.
