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MIAMI.– El representante estatal republicano Juan Carlos Porras presentó HB 657, una propuesta legislativa que crearía nuevos tribunales especializados para asociaciones comunitarias y un proceso para disolver ciertas HOA, como respuesta a “preocupaciones generalizadas” de residentes en Florida sobre falta de transparencia, disputas sin resolver y escasa supervisión de esas entidades. El proyecto fue introducido esta semana y deberá avanzar por los comités pertinentes de la Cámara de Representantes antes de llegar al pleno.
Reforma profunda al sistema de asociaciones de propietarios
La propuesta HB 657 – Community Associations surge en un contexto de creciente malestar entre propietarios que denuncian procedimientos poco claros, disputas sin solución y juntas directivas con poder excesivo. Porras describió el sistema actual como “fallido” y que exige una reestructuración profunda para proteger a los residentes.
El proyecto elimina requisitos considerados engorrosos para presentar quejas, obliga a las asociaciones a actualizar sus documentos con un lenguaje estandarizado que facilite su comprensión y operación, y transforma la manera en que se procesan los conflictos.
Crear un nuevo sistema de tribunales para asociaciones
El texto crea el Community Association Court Program, un nuevo sistema dentro de los tribunales de circuito donde árbitros calificados supervisarán disputas entre propietarios y asociaciones.
Según la propuesta, este mecanismo pretende ofrecer un proceso más accesible, resoluciones más rápidas y eficientes y mayor supervisión judicial sobre las juntas directivas.
Porras afirmó que el objetivo es garantizar que los propietarios tengan “una vía justa y transparente para resolver conflictos sin quedar indefensos ante Juntas sin control”.
Marco legal para terminar una HOA en Florida
HB 657 introduce también, por primera vez, un marco legal claro para disolver una asociación de propietarios cuando esta se vuelve disfuncional o ya no representa los intereses de la comunidad.
La propuesta legislativa establece:
- Requisitos para un Plan de Terminación válido.
- Responsabilidades de un Síndico de Terminación.
- Distribución equitativa de activos.
- Pago de deudas legítimas.
- Prohibiciones explícitas contra acciones ilegales de directivos.
Con ello, se busca evitar abusos y asegurar que el proceso proteja a los propietarios en cada etapa.
Por qué se plantea esta reforma
Porras sostiene que la medida responde directamente a los reclamos de residentes cansados de lo que describe como estructuras de gobierno locales con “autoridad excesiva” y escasa supervisión.
En redes sociales, el legislador afirmó: “Las asociaciones de propietarios son un experimento fallido y es hora de que rindan cuentas”.
“En el Estado Libre de Florida, no deberíamos tener juntas autoritarias que dicten nuestra vida cotidiana sin rendir cuentas”.
Aunque no propone eliminar las HOA por completo, el representante dijo estar “considerando seriamente” medidas más amplias, e insiste en que la legislación permitirá que los propios vecinos decidan si desean mantener o no sus asociaciones.
El recorrido legislativo que deberá seguir HB 657
Para convertirse en ley, la propuesta debe pasar por, la asignación a comités relevantes, con audiencias públicas. Deberá votarse en cada comité. Después aprobarse en el pleno de la Cámara de Representantes. Revisarse y votación en el Senado estatal. Y al final, el gobernador deberá firmarla para su entrada en vigor.
El proyecto está programado para entrar en efecto el 1 de julio de 2026, dando tiempo a tribunales y Asociaciones para adaptarse a los nuevos procedimientos.
La reforma propuesta por el representante republicano del Distrito 119 es un tema especialmente sensible en un estado con cientos de miles de viviendas sujetas a estas entidades. El debate legislativo determinará si los residentes contarán pronto con un nuevo sistema judicial especializado y la opción de disolver HOA que no cumplen su cometido.
No es la primera que Porras legisla para regular estas entidades. En 2023, patrocinó la ley conocida como Declaración de Derecho de los Propietarios de Viviendas que buscaba proteger a los dueños de casas de las recurrentes irregularidades y delitos cometidos por las Juntas Directivas de las Asociaciones. Una regulación que se aprobó algo descafeinada tras los cambios realizados por los distintos legisladores a la propuesta original.
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