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MIAMI — Una jueza federal estadounidense ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que permita que los migrantes detenidos en el centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida accedan a abogados, mientras senadores exigen una investigación por «abusos» en el sitio.
La jueza federal Sheri Polster Chappell exigió a ICE y a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, en inglés) que permita asesoría legal a los detenidos en el centro, al oeste de Miami, y que publique información sobre cómo los abogados pueden contactar a los migrantes.
La orden responde a una demanda de organizaciones defensoras de la inmigración irregular como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que han denunciado supuestas violaciones al debido proceso en ‘Alligator Alcatraz’, que se ha convertido en emblema de la política migratoria del presidente Donald Trump tras casi un año de operación.
Estas asociaciones «no dejarán de luchar hasta que este sitio abusivo cierre por completo de una vez por todas», manifestó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU en un comunicado.
«El fallo es una gran victoria y subraya lo que hemos sabido que es cierto todo este tiempo: el acceso a la asesoría legal es un derecho constitucional, no un privilegio, para todas las personas en este país, y el estado de Florida e ICE no pueden encerrar a la gente sin que tengan forma de hablar con un abogado», indicó.
Demócratas piden investigación
El sitio, abierto en julio de 2025 en medio de la zona natural de los pantanos de los Everglades, donde viven reptiles como caimanes, serpientes y cocodrilos, afronta un renovado escrutinio tras casi un año de su apertura en Florida.
También este viernes, los senadores demócratas Jon Ossoff, de Georgia, y Richard ‘Dick’ Durbin, de Illinois, enviaron una carta al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para exigirle una investigación de lo que consideran «acusaciones creíbles» de supuestos abusos en el sitio.
Los legisladores denunciaron que las autoridades supuestamente castigan a los migrantes detenidos al confinarlos en «pequeñas jaulas» a las que llaman «la caja», donde los colocan por horas esposados de las manos y los pies expuestos al Sol, sin acceso a comida y agua, sin presentar pruebas de los hechos.
«Estas condiciones que, según reportes, sufren los detenidos, como se presume, parecen violar los estándares de detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura», escribieron los demócratas.
Por ahora no queda claro si la asesoría legal debe ser financiada por los contribuyentes estadounidenses.
FUENTE: Con información de EFE
