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La Universidad Estatal de Florida informó que perdió más de US$ 102 millones en subvenciones y contratos federales, afirmando que la dirección de la universidad está haciendo “todo lo posible para ayudar a los colegios y departamentos a mitigar los impactos financieros”.
Más de seis agencias federales cancelaron la financiación, incluyendo la Dotación Nacional para las Artes, la USAID, los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Educación y más, dijo en un comunicado el viernes la vicepresidenta para Investigación de la universidad, Stacey Patterson .
Patterson añadió que la escuela ha creado un nuevo programa de financiación de contingencia al que pueden acogerse los investigadores que reúnan los requisitos necesarios en caso de que se interrumpa su financiación, pero instó a los investigadores que no hayan recibido avisos de rescisión a que continúen con las actividades de investigación según lo previsto.
La universidad también forma parte de un esfuerzo conjunto entre universidades estadounidenses para racionalizar los costes administrativos en torno a la financiación federal, una medida que las instituciones involucradas argumentan que está en línea con el llamamiento del presidente Donald Trump a “revitalizar la empresa de la ciencia y tecnología de Estados Unidos”.
En la declaración, Patterson dijo que todas las extensiones sin costo del Instituto Nacional de Salud ahora requerirán la aprobación de la agencia.
La Universidad Estatal de Florida es una de las muchas universidades que se enfrentan a amenazas a la financiación federal, y la mayoría de los recortes son parte de un intento más amplio de Trump para tomar medidas drásticas contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas.
El mes pasado, la administración amenazó con cancelar los fondos de investigación médica y retirar la acreditación a las universidades que tienen programas de DEI y que boicotean a las empresas israelíes.
La administración se encuentra actualmente inmersa en una batalla legal con la Universidad de Harvard tras congelar un total de US$ 2.200 millones en subvenciones federales a la institución. La universidad ha presentado una demanda para desbloquear esos fondos en una lucha que se prevé larga y costosa.
Muchos centros públicos más pequeños, sin embargo, no disponen de los recursos de Harvard para hacer frente a la administración y, en su lugar, han puesto fin a los programas de DEI o han eliminado o redirigido discretamente los sitios web que hacen referencia a la diversidad y la equidad.
Algunas han accedido más abiertamente a las exigencias de la administración, prohibiendo el uso de ciertas palabras y frases como “igualdad”, “género” y “supremacismo blanco”, y despidiendo a docenas de miembros del personal universitario.
En la Universidad de Columbia, unos US$ 250 millones en subvenciones para investigación sanitaria siguen en el limbo, incluso después de que la universidad introdujera importantes cambios en su política, a finales de marzo, para aplacar a la administración.
Los líderes de la Universidad Estatal de Ohio, el alma mater del vicepresidente J. D. Vance, actuaron temprano para poner fin a los programas de DEI y eliminar 16 puestos de personal en febrero, citando el mandato de Trump y un proyecto de ley estatal.
