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MIAMI.– El Congreso de Florida se alista para debatir un controvertido proyecto de ley que exigiría el consentimiento explícito de los padres para que un menor de edad pueda recibir tratamiento médico para enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otros servicios de salud considerados sensibles.
Presentado para la sesión legislativa de 2026, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 173 (HB 173) pretende modificar estatutos estatales clave para eliminar las excepciones legales que durante décadas han permitido a los adolescentes acceder a atención confidencial.
Sus proponentes, amparados en la filosofía de los ‘derechos parentales’, afirman que la medida es necesaria para asegurar la participación de los padres en las decisiones médicas de sus hijos.
Atención médica confidencial
La propuesta legislativa, impulsada por la representante republicana Kim Kendall y su contraparte en el Senado, Erin Grall, con el proyecto idéntico SB 166, representaría una reestructuración de gran alcance de la autonomía de los menores en el sistema de salud.
El cambio más significativo se centra en la enmienda al Estatuto de Florida 384.30, que actualmente permite a los menores consentir tanto el examen como el tratamiento de ETS de forma confidencial.
El HB 173 mantendría la capacidad de examinar a un menor sin permiso paterno, pero prohibiría tratar cualquier enfermedad diagnosticada sin la autorización de un padre o tutor.
No obstante, el alcance del proyecto va más allá de las ETS. También propone eliminar la excepción que hoy permite a un médico proporcionar servicios anticonceptivos sin consentimiento paterno si considera que el menor enfrenta «probables riesgos para la salud».
Adicionalmente, busca derogar el acceso confidencial a servicios de intervención en crisis de salud mental y endurecer los requisitos para el tratamiento de abuso de sustancias, supeditando en todos los casos la atención médica a la autoridad parental.
Derechos parentales
Los defensores del proyecto de ley argumentan que su objetivo es «restaurar y proteger los derechos de los padres» y reafirmar su papel en las decisiones sobre la salud y educación de sus hijos.
La congresista Kendall declaró que la ley garantiza que «los padres participen plenamente en las decisiones médicas de sus hijos», una perspectiva que se alinea con una tendencia gubernamental y legislativa en Florida que prioriza la autoridad parental.
Sin embargo, un consenso de la comunidad médica y de salud pública alerta sobre consecuencias potencialmente negativas.
Organizaciones como la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Instituto Guttmacher sostienen que la confidencialidad es un factor crítico para que los adolescentes busquen atención de salud sexual.
Estudios muestran que el miedo a la notificación paterna podría disuadir a los jóvenes de buscar ayuda, lo que puede conducir a un retraso en el tratamiento, con graves consecuencias para la salud individual, como infertilidad o dolor crónico, y un aumento en la transmisión comunitaria de enfermedades.
La AAP sostiene que las políticas que limitan la confidencialidad se asocian con un menor acceso a la atención de la salud sexual y mayores tasas de embarazo adolescente.
Florida, caso aislado
La aprobación del HB 173 colocaría a Florida en una posición única y radicalmente opuesta al resto del país. Actualmente, los 50 estados y el Distrito de Columbia permiten que los menores consientan el tratamiento para ETS sin la necesidad de autorización paterna.
Si Florida aprueba esta ley, se convertiría en el único estado de la nación en revertir esta política, lo que lo aislaría del estándar de atención a nivel nacional.
Expertos advierten que esta medida afectaría de manera desproporcionada a las poblaciones de jóvenes más vulnerables, como aquellos que sufren abuso en sus hogares, los que no tienen hogar o los jóvenes LGBTQ+ que temen el rechazo de sus familias.
