Ley de inmigración de Florida en “stand by” con el reto de superar un “alto umbral”

La SB 4-C, que busca criminalizar la inmigración indocumentada a nivel estatal, es similar a leyes de al menos otros seis estados, incluidos Texas, Oklahoma, Iowa e Idaho, que han sido bloqueadas por tribunales federales.

La legislación, que fue firmada en enero por el gobernador y establece penas de prisión para los inmigrantes irregulares que ingresen al estado, fue suspendida en abril por la jueza de distrito federal Kathleen Williams, quien considera que constituye una interferencia estatal en la política federal de inmigración.

La polémica ley estaría enmarcada en la dura política migratoria que ha impulsado el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, enfocada, principalmente, en la deportación masiva para hacer frente a la crisis de inmigración sin precedentes creada por su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien permitió el ingreso de más de 10 millones de extranjeros indocumentados, sin contar a los alrededor de dos millones de «fugitivos», que lograron burlar a la Patrulla Fronteriza para entrar a EEUU.

¿Entra en conflicto con la Constitución?

La abogada María Herrera Mellado, especialista en inmigración, estima que el Supremo habría mantenido el bloqueo porque la SB 4-C probablemente vulnera la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que reserva la regulación de la inmigración al gobierno federal.

Tanto la jueza, como la Corte de Apelaciones del 11º Circuito —que respaldó el fallo—, como los demandantes de la ley, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), consideran que la nueva legislación estatal de Florida entra en «conflicto» con el marco federal para la inmigración, que otorga a los funcionarios federales la discreción para equilibrar los intereses nacionales, mientras que la SB 4-C «impone sanciones estatales obligatorias, como sentencias de prisión y detención previa al juicio, que podrían interferir con los procesos federales».

«Por ejemplo, la ley permite procesamientos estatales incluso contra personas que buscan alivio migratorio federal, lo que podría socavar la autoridad federal. La negativa del Tribunal Supremo a levantar la orden judicial sugiere un acuerdo con la opinión de los tribunales inferiores de que la ley excede la autoridad estatal, consistente con precedentes como Arizona v. United States (2012)», explica la abogada de inmigración.

Agrega, además, que las acciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien fue declarado en desacato civil por desafiar la orden del tribunal de detener la aplicación de la ley, «podrían haber influido en la renuencia de los jueces a conceder la solicitud de emergencia del estado».

Severidad y alcance

Aunque la SB 4-C es similar a las leyes de al menos seis estados de la nación, que han intentado tomar medidas ante sus preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas o la trata de personas ligada a la inmigración ilegal, la ley de Florida se distingue por su «severidad y alcance».

La ley de inmigración impulsada por DeSantis, por ejemplo, crea delitos para inmigrantes irregulares que ingresen o reingresen a Florida, con sentencias de prisión obligatorias que van de nueve meses para primeros delitos hasta los cinco años para aquellos con deportaciones previas o antecedentes penales, además de imponer detención previa al juicio sin fianza.

«A diferencia de la ley federal, no exime a personas que buscan protección humanitaria o que tienen solicitudes de inmigración federal pendientes, lo que aumenta el riesgo de detenciones injustas. Por ejemplo, se informó que un ciudadano estadounidense fue arrestado bajo la ley, destacando su potencial de extralimitación», señala.

La SB 4-C también exige que las fuerzas del orden estatales y locales notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los arrestos, reforzando un sistema de aplicación migratoria a nivel estatal. «Aunque la SB 4 de Texas comparte similitudes, como criminalizar la entrada ilegal, la ley de Florida forma parte de un conjunto más amplio de políticas bajo DeSantis, incluyendo la SB 2-C, que criminaliza el voto de no ciudadanos y aumenta las penas por delitos cometidos por ilegales«, menciona.

Asimismo, establece planes para centros de detención estatales como Alligator Alcatraz, un polémico centro de detención ubicado en los Everglades que se ha convertido en símbolo de la política migratoria dura promovida por Trump y DeSantis. «Estos elementos hacen que el enfoque de Florida sea particularmente agresivo, aunque su conflicto central con la autoridad federal es similar a los desafíos enfrentados por otras leyes estatales», subraya Herrera Mellado.

SB 4-C en stand by

Con la decisión de la Corte Suprema, la SB 4-C se mantendrá en «stand by«, al menos, hasta octubre de este año, cuando la Corte de Apelaciones del 11º Circuito tiene pautada la audiencia para escuchar los argumentos.

«Esta suspensión impide que las fuerzas del orden estatales y locales arresten o procesen a ilegales bajo la SB 4-C por ingresar o reingresar a Florida, evitando así sentencias de prisión obligatorias y detenciones previas al juicio», por lo que Florida no podrá implementar esta legislación, asevera la abogada.

Indicó que con el fallo del Supremo también se refuerza el argumento de que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal, no estatal, y «se alinea con bloqueos similares de leyes en Texas, Oklahoma, Idaho y Iowa».

No obstante, en este caso el bloqueo sigue siendo temporal, mientras la corte de apelaciones emite un fallo final, que podría volver a la Corte Suprema. «La decisión también señala una cautela judicial contra la extralimitación estatal, especialmente dado el desafío de Florida a órdenes judiciales previas, como se evidencia en el fallo de desacato contra Uthmeier».

Aunque, por ahora, «proporciona alivio a las comunidades de inmigrantes, no resuelve el debate legal o político más amplio».

Escenarios

Sin embargo, todo parece indicar que existe un «alto umbral» para anular el precedente establecido con leyes migratorias estatales anteriores; todavía existe la posibilidad de que la SB 4-C sea aprobada finalmente.

Para ello, no obstante, debe superar varios obstáculos legales o legislativos significativos.

En un primer escenario, Herrera Mellado menciona que la corte de apelaciones podría emitir un fallo favorable, que revierta la orden judicial del tribunal de distrito y dictamine que la SB 4-C no viola la Cláusula de Supremacía u otras disposiciones constitucionales, como la Cláusula de Comercio.

«Florida tendría que argumentar de manera convincente que la ley complementa, en lugar de entrar en conflicto con, la ley federal de inmigración, una postura que ha sido consistentemente rechazada por los tribunales citando 150 años de precedente», resalta.

La segunda opción es que el caso regrese a la Corte Suprema para un fallo sustantivo, que vaya más allá de una apelación de emergencia. En este caso, los jueces tendrían que determinar que la SB 4-C no invade la autoridad federal. «Esto requeriría anular o reinterpretar precedentes como Arizona v. United States (2012), que afirmó la preeminencia federal sobre la inmigración», explica.

Agrega que el argumento de Florida, respaldado por la administración Trump, de que la SB 4-C “sigue la ley federal” y aborda daños específicos del estado -por ejemplo, el impacto de la inmigración ilegal en los ciudadanos-, «necesitaría persuadir a la mayoría de los jueces, lo que probablemente requeriría un cambio en la interpretación del federalismo por parte de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo».

¿Qué opciones tendría Florida?

El estado también podría evaluar otras opciones, señala la abogada de inmigración. Entre ellas, Florida podría revisar la SB 4-C para evitar conflictos directos con la ley federal. «Tal vez limitando su alcance a áreas donde los estados tienen una autoridad más clara, como aumentar las penas por delitos estatales cometidos por ilegales, como se ve en la SB 2-C», sostiene.

Sin embargo, considera que esto probablemente «debilitaría el impacto previsto de la ley, ya que su objetivo principal es regular la entrada migratoria», que es realmente un dominio federal.

Otra posibilidad sería que en los próximos meses se registren cambios legislativos o de políticas de inmigración federal que otorguen a los estados más autoridad para regular la inmigración. «Por ejemplo, el Congreso podría aprobar legislación que delegue ciertos poderes de aplicación migratoria a los estados, o una futura administración podría adoptar un marco que permita explícitamente la criminalización estatal de la entrada», indica.

No obstante, añade que un cambio de esa magnitud requeriría de «un Congreso y una presidencia controlados por los republicanos, alineados con las políticas de figuras como DeSantis o Trump».

Aunque, dado el precedente que existe con legislaciones estatales similares, ve poco probable un escenario donde la SB 4-C sea aceptada sin los cambios pertinentes.

«Dado el constante rechazo judicial de leyes estatales similares y el fuerte precedente de preeminencia federal, la aprobación de la SB 4-C en su forma actual es poco probable sin un cambio legal o político importante. La reciente deferencia del Tribunal Supremo a la autoridad federal en este caso, a pesar de su mayoría conservadora, sugiere un alto umbral para anular el precedente establecido», subraya.

Ley de inmigración de Florida en «stand by»: Un alivio por ahora para los migrantes indocumentados