Los funcionarios de Florida no revelaron que habían solicitado un reembolso federal para un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida llamado “Alligator Alcatraz”, lo que generó una impresión falsa ante un panel de la corte de apelaciones que suspendió la orden de un juez de cerrar las operaciones en la instalación, según una demanda presentada el lunes.

La demanda de registros públicos fue presentada en un tribunal estatal en Tallahassee por los Amigos de los Everglades, que junto con otro grupo ambientalista y la Tribu Miccosukee, demandaron a agencias federales y estatales, alegando que no siguieron la ley federal que exige una revisión ambiental para el centro de detención en medio de humedales sensibles.

La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams estuvo de acuerdo y ordenó en agosto que la instalación debía cerrar sus operaciones en un plazo de dos meses. Sin embargo, esa orden judicial quedó en suspenso a principios de septiembre cuando un panel de la corte federal de apelaciones en Atlanta emitió una suspensión, pendiente del resultado de una apelación, permitiendo que la instalación permaneciera abierta por el momento.

Una mayoría en el panel de tres jueces dijo que la instalación administrada por el estado no necesitaba someterse a un estudio de impacto ambiental requerido por el gobierno federal porque Florida aún no había recibido dinero federal para el proyecto.

“Si los acusados ​​federales finalmente deciden aprobar esa solicitud y reembolsar a Florida por sus gastos relacionados con la instalación, es posible que primero deban realizar una EIS (declaración de impacto ambiental)”, escribieron los jueces en su orden de suspensión del 4 de septiembre.

El estado de Florida había solicitado financiación federal el 7 de agosto, pero nunca lo mencionó al juez del tribunal federal ni al panel del tribunal de apelaciones y no ha corregido las “impresiones erróneas” del panel, según la demanda de registros públicos del lunes.

A principios de este mes, funcionarios federales confirmaron que se había aprobado a Florida un reembolso de $608 millones por los costos de construcción y funcionamiento del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida.

La demanda de registros públicos buscaba comunicaciones y documentos entre los gobiernos estatal y federal, que según Friends of the Everglades han sido retenidos a pesar de realizar numerosas solicitudes desde junio.

“Los funcionarios del gobierno de Florida han engañado al público para el que se supone que deben trabajar y, como resultado, los Everglades han resultado perjudicados”, dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en un comunicado.

Una portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida no respondió el lunes a una solicitud de comentarios sobre la demanda de registros públicos.

A finales de junio, la administración del gobernador republicano Ron DeSantis se apresuró a construir la instalación en una pista de aterrizaje aislada rodeada de humedales para ayudar a los esfuerzos del presidente Donald Trump de deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. El gobernador dijo que la ubicación en los escarpados y remotos Everglades tenía como objetivo disuadir la fuga, muy parecida a la isla prisión en California que los republicanos le dieron su nombre.

Trump recorrió las instalaciones en julio y sugirió que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país mientras su administración presiona para ampliar la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

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