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TALLAHASSEE — El Fiscal General James Uthmeier y dos importantes grupos empresariales han instado a la Corte Suprema de Florida a rechazar una propuesta de enmienda constitucional sobre la marihuana recreativa, argumentando que es engañosa y entra en conflicto con la ley federal.
Uthmeier, la Cámara de Comercio de Florida e Industrias Asociadas de Florida presentaron escritos el viernes mientras la Corte Suprema se prepara para tomar una decisión fundamental sobre si la enmienda constitucional propuesta cumple con las pruebas legales para presentarse en la boleta electoral de noviembre.
El comité político Smart & Safe Florida patrocina la propuesta, que permitiría a las personas mayores de 21 años consumir marihuana con fines recreativos. Además de necesitar la aprobación de la Corte Suprema, Smart & Safe Florida debe cumplir con los requisitos de firma de la petición antes del 1 de febrero.
Se supone que la Corte Suprema no debe considerar los méritos de las enmiendas constitucionales propuestas, pero examina cuestiones como si la redacción es clara y si las propuestas abordan incorrectamente múltiples temas.
El escrito presentado por la oficina de Uthmeier calificó la propuesta de marihuana como “fatalmente defectuosa”.
«Engaña a los votantes de una manera diseñada para obtener una mayor aprobación, es rotundamente inválido según la Constitución federal y viola el requisito de un solo tema», decía el informe del fiscal general. “Por lo tanto, el Tribunal (Supremo) debería eliminar la enmienda propuesta de la votación”.
Uthmeier, quien entonces era jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis, y la Cámara de Comercio se encontraban entre los principales opositores de una propuesta de enmienda constitucional similar patrocinada en 2024 por Smart & Safe Florida. La enmienda no logró recibir la aprobación de los votantes del 60 por ciento requerida para ser aprobada, lo que llevó a Smart & Safe Florida a intentar nuevamente aprobar una enmienda en 2026.
En un comunicado el lunes, Smart & Safe Florida rechazó los nuevos escritos de los oponentes.
“En 2024, la Corte Suprema de Florida rechazó argumentos casi idénticos, confirmó una enmienda prácticamente idéntica y nuevamente proporcionó una hoja de ruta clara para la aprobación de la boleta”, decía el comunicado. «Seguimos la orientación de la Corte y anticipamos que volverán a seguir la ley de Florida y aprobarán el texto actual en la boleta. 5,9 millones de votantes aprobaron la medida en 2024, y más de un millón de votantes de Florida han firmado peticiones para incluir el texto actual en la boleta, esperamos que sus voces no sean ignoradas».
La oficina de Uthmeier y los grupos empresariales sostienen que la propuesta es engañosa debido a una cuestión sobre dónde se prohibiría fumar y vapear marihuana.
El resumen de la boleta propuesta (el texto que los votantes verían cuando acudieran a las urnas) dice que fumar y vapear estarían prohibidos “en público”. Pero los opositores sostienen que entra en conflicto con el texto detallado de la enmienda, que dice que se prohibiría fumar y vapear en “cualquier lugar público”. El texto proporciona una definición de “lugar público” que incluye numerosos lugares como parques, playas, carreteras, aceras, escuelas, estadios y edificios gubernamentales.
Los opositores argumentan que la parte del texto sobre la prohibición de fumar en lugares públicos es más limitada que la descripción del resumen de una prohibición de fumar en “público”, lo que podría llevar a que los votantes sean engañados sobre los efectos de la enmienda.
«El resumen de la boleta llevaría a los votantes a creer que votar sí garantizaría que no haya marihuana -o su olor- ‘en público’, mientras que la enmienda real no ofrece tal cosa», argumentó la oficina de Uthmeier. «El lenguaje del resumen ‘en público’ también engañaría a los padres de Florida haciéndoles pensar que esta iniciativa prohibirá fumar marihuana cerca de sus hijos en hoteles, restaurantes, instalaciones deportivas y otras áreas abiertas al público en general. La iniciativa no proporciona tal protección».
Los escritos presentados por la oficina de Uthmeier y los grupos empresariales y otro escrito presentado por la Drug Free America Foundation también sostienen que la Corte Suprema debería bloquear la propuesta porque la marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal. Apuntando a lo que se conoce como la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, los escritos sostienen que la ley federal efectivamente prevalecería sobre un cambio en la Constitución estatal que permite la marihuana recreativa.
“La ley federal penaliza la adquisición, el cultivo, el procesamiento, el transporte y la venta de marihuana”, decía el informe de la Cámara de Comercio, al que se unieron la Fundación Legal de Florida y el ex juez de apelaciones estatal Frank Shepherd. «La iniciativa constitucional propuesta lo permitiría».
La Corte Suprema consideró argumentos sobre posibles conflictos con la ley federal antes de permitir que la enmienda sobre marihuana recreativa de 2024 se presentara ante los votantes. La opinión principal del tribunal decía que para que tal impugnación tenga éxito, «debemos encontrar que una ley sería inconstitucional en todas sus aplicaciones. Nos negamos a hacer esa conclusión amplia aquí. Un análisis detallado del conflicto potencial entre secciones de esta enmienda (propuesta para 2024) y la ley federal es una tarea muy alejada del propósito central de este… procedimiento bajo la Constitución de Florida».
Cinco jueces aprobaron permitir que la enmienda de 2024 se sometiera a votación, y cuatro firmaron la opinión principal. Dos jueces discreparon.
Smart & Safe Florida enfrenta la fecha límite del 12 de enero para presentar argumentos ante la Corte Suprema.
El comité político también debe presentar al menos 880,062 firmas de petición válidas al estado antes del 1 de febrero. Si bien indicó en la declaración del lunes que había recolectado más de 1 millón de firmas, el sitio web de la División de Elecciones del estado mostró que se habían contabilizado 675,307 firmas válidas.
Smart & Safe Florida presentó la semana pasada una demanda en el tribunal de circuito del condado de León alegando que los funcionarios electorales estatales habían ordenado indebidamente la invalidación de unas 72.000 firmas.
