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El gobernador DeSantis promulgó este 1 de abril de 2026 la ley llamada Florida SAVE Act, orientada a reforzar la integridad, transparencia y seguridad del sistema electoral en el estado.
“Proteger el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir influencias ilegales ha sido una prioridad desde el primer día”, afirmó DeSantis y destacó que la norma busca garantizar “la seguridad, transparencia y confiabilidad del sistema electoral”.
La ley forma parte de una serie de reformas impulsadas en Florida desde 2020, tras las cuales el estado reforzó los controles sobre el voto por correo, la verificación de identidad y la supervisión del proceso electoral.
Cómo cambia el registro de votantes en Florida
Uno de los pilares de la nueva legislación es el fortalecimiento del proceso de registro y verificación de votantes.
La norma exige verificar la ciudadanía estadounidense mediante datos de identificación oficial (REAL ID) en registros nuevos o actualizados. Además, establece mecanismos para identificar y remover del padrón a personas potencialmente no elegibles, permitiéndoles presentar documentación para confirmar su estatus.
El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, aseguró que la ley “garantiza que solo ciudadanos puedan votar en las elecciones del estado” y refuerza el cumplimiento de la Constitución estatal.
También se incorpora la advertencia explícita de que proporcionar información falsa en el registro electoral constituye un delito grave, una felonía.
Garantizar la actualización de los registros
La legislación amplía la coordinación entre agencias estatales y locales para mantener los padrones actualizados.
La nueva norma legal exige a los supervisores electorales investigar posibles irregularidades y tomar acciones cuando se detecten votantes no elegibles. Con esto, las autoridades buscan evitar inconsistencias en los registros y mejorar la precisión de los datos.
Más seguridad electoral y control a candidatos
La ley también introduce cambios en el sistema electoral. En materia de seguridad, establece el uso obligatorio de boletas en papel para garantizar un registro verificable de cada voto y endurece los requisitos de identificación aceptada.
En cuanto a los candidatos, exige que certifiquen cumplir con todos los requisitos legales para aspirar a un cargo, deberán revelar posibles dobles ciudadanías y divulgar actividades de compraventa de acciones en el caso de candidatos federales.
Asimismo, prohíbe cambios de nombre de última hora que puedan confundir a los votantes y crea mecanismos legales para impugnar la elegibilidad de candidatos.
Refuerzo del cumplimiento de leyes electorales
La normativa también endurece las sanciones y el control sobre delitos electorales. Entre las medidas, establece un plazo de prescripción de cinco años para delitos graves relacionados con elecciones y prohíbe aceptar contribuciones extranjeras de manera consciente.
La ley también refuerza las sanciones contra el fraude en peticiones, es decir, irregularidades en la recolección de firmas necesarias para impulsar iniciativas o candidaturas, como la falsificación de datos, la manipulación de formularios o la presentación de firmas inválidas. Con ello, el estado busca evitar abusos en uno de los mecanismos clave de participación electoral. Según legisladores estatales, el objetivo es aumentar la responsabilidad en todos los niveles del proceso electoral.
Demanda contra SAVE en Florida
No todo el mundo aplaude la nueva norma. La misma mañana en que DeSantis firmó la ley, varias organizaciones presentaron una demanda ante un tribunal federal para impedir su aplicación, prevista para el 1 de enero de 2027.
La acción legal fue interpuesta por la ACLU de Florida y grupos como UnidosUS, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Florida Rising Together, la Federación Hispana, la Coalición de Inmigrantes de Florida, FLIC Votes y Common Cause.
Argumentos de los opositores a la ley
La Liga de Mujeres Votantes de Florida sostiene que la legislación impone barreras innecesarias a votantes elegibles.
En un comunicado, la organización afirmó que los requisitos de prueba documental de ciudadanía han demostrado “privar de derechos a votantes elegibles” sin abordar un problema que califican como “prácticamente inexistente”, en referencia al voto de no ciudadanos.
También citó el precedente de Kansas, donde una ley similar bloqueó a más de 35.000 personas antes de ser anulada por tribunales federales.
Por su parte, la ACLU de Florida criticó que la ley crea requisitos presenciales tipo “muestre sus papeles”, lo que podría excluir a miles de votantes que no posean documentos actualizados como pasaporte o certificado de nacimiento.
“Esto resultará en que miles de votantes elegibles no puedan votar”, señaló un portavoz, advirtiendo que el impacto sería mayor en ciudadanos naturalizados, personas de bajos ingresos, adultos mayores, estudiantes, mujeres que cambiaron su nombre y comunidades rurales.
Con la SAVE Act, el estado busca consolidar ese marco regulatorio, mientras el futuro de la ley dependerá ahora del proceso judicial en curso.
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