Casas “malditas” de Coconut Grove terminan en subasta tras fraude millonario

Las conocidas casas “malditas” se vendieron por debajo del precio del mercado, debido a su estigma.

Un grupo de lujosos townhouse construidos en el corazón de Coconut Grove se convirtieron en el epicentro de uno de los escándalos inmobiliarios más complejos de Miami. Durante cuatro años, estas propiedades permanecieron vacías y bajo una disputa legal que las mantuvo en un limbo administrativo.

El conflicto surgió tras las acusaciones contra el promotor inmobiliario Doug Cox, quien presuntamente utilizó estas construcciones para ejecutar un esquema de fraude masivo entre 2020 y 2023. ¿Cómo lo hacía? Vendía una misma propiedad a múltiples compradores y recolectaba depósitos millonarios sin llegar nunca a concretar los cierres de venta.

Este escándalo estalló cuando los compradores originales descubrieron que el constructor posponía indefinidamente las fechas de entrega mientras utilizaba el dinero de las nuevas víctimas para financiar su estilo de vida.

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La situación dio un giro definitivo tras una investigación periodística que motivó la intervención judicial de las propiedades. Un administrador designado por el tribunal tomó el control del portafolio de Cox para liquidar los activos y resarcir, al menos parcialmente, a las víctimas del fraude.

El proceso reveló que el promotor y su esposa, la abogada Nicole Pearl, habrían malgastado cerca de 70 millones de dólares a través de sus empresas Drive Development y Send Enterprises, sin que hasta el momento se haya recuperado el dinero de los depósitos.

Finalmente, el pasado viernes se llevó a cabo una subasta judicial supervisada por el juez Thomas Rebull para concretar la venta de las unidades restantes. En una audiencia virtual que duró más de tres horas, diez de estas residencias fueron adquiridas por postores que aprovecharon el estigma legal de las casas para obtener precios significativamente reducidos.

Esta transacción representa un paso crucial para cerrar el capítulo de las viviendas que algunos compradores originales llegaron a calificar como “malditas” debido al historial de engaños y problemas estructurales que arrastraban.

Viviendas vendidas a precios reducidos

La subasta incluyó nueve propiedades principales, con distintas configuraciones y dimensiones, que se vendieron por un total de 20,1 millones de dólares. Esta cifra se sitúa 8 millones de dólares por debajo del valor de mercado inicial estimado en mayo.

Mela Coconut Grove LLC adquirió las casas marcadas con los números 2955, 2978, 2984 y 2992 por un monto total de 9 millones de dólares. Estas unidades habían salido al mercado con precios superiores a los 3,2 millones cada una. Phillip Sylvester, exsocio de Cox, compró las unidades 2957 y 2986 por un precio combinado de 4 millones de dólares.

Tres de las víctimas originales del fraude también lograron adquirir sus viviendas, aunque a precios mayores de los estipulados en sus contratos iniciales. Por ejemplo, Sonal Shah compró la unidad 2960 por 2,26 millones de dólares, una casa que originalmente fue listada en 1,6 millones antes de que Cox iniciara el esquema de múltiples contratos sobre ella.

Cox… ¿Sin cargos criminales?

A pesar de la magnitud del fraude y de los 20 millones de dólares en depósitos desaparecidos, las autoridades no han presentado cargos criminales contra Doug Cox ni contra Nicole Pearl. Los registros judiciales muestran que la pareja llevó a la quiebra a las empresas Drive Development y Send Enterprises, mientras los contadores forenses confirman que hasta el momento no se ha recuperado nada del dinero desviado.

Mientras el proceso civil avanza para distribuir el dinero recaudado, Doug Cox ha sido visto recientemente en zonas de construcción en Coconut Grove. El desarrollador asegura encontrarse en la quiebra e incluso ha manifestado vivir ocasionalmente en su automóvil.

Por su parte, Pearl conserva su licencia para ejercer el derecho y sigue siendo miembro activo del Colegio de Abogados de Florida.

El administrador judicial continúa trabajando para vender las últimas propiedades restantes del portafolio. Su objetivo es recuperar al menos el 20 % de las pérdidas sufridas por los acreedores y compradores estafados.