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La legislación que permitiría a los líderes de Florida designar grupos “terroristas” nacionales fue aprobada por el Senado estatal el jueves, incluso cuando los críticos advirtieron que podría provocar costosas impugnaciones legales porque creen que pisotea los derechos de la Primera Enmienda de los floridanos.
La propuesta permitiría al jefe de seguridad nacional del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida decidir que ciertos grupos son organizaciones terroristas. El Gabinete de Florida, que preside el gobernador y está formado por otros tres funcionarios electos a nivel estatal, tendría que aprobar la designación.
Los grupos islámicos están particularmente preocupados por las consecuencias de la legislación porque menciona específicamente la ley «sharia», los deberes exigidos a los musulmanes.
Pero la senadora Erin Grall, republicana por Fort Pierce, aseguró a sus colegas que el estado utilizaría un estatuto ya existente para definir lo que constituye una organización terrorista, y que es consistente con los criterios utilizados por el gobierno federal para identificar grupos terroristas extranjeros.
«No hemos tocado la definición de terrorismo», dijo Grall, quien patrocinó la versión del proyecto de ley del Senado.
Si la propuesta se convierte en ley, a las universidades y facultades estatales que “defiendan” a estos grupos se les podría retener su financiación por desempeño, y los estudiantes que promuevan estas organizaciones podrían ser expulsados. Además, cualquiera que trabaje para organizaciones terroristas designadas por el estado podría enfrentar cargos por delitos graves.
La legislación también prohibiría a las escuelas afiliadas a organizaciones “terroristas” recibir dinero a través del programa de vales del estado, que los estudiantes utilizan para pagar la matrícula en casi 2.500 escuelas privadas en todo el estado. Una pequeña fracción de esos campus (alrededor del 1%) son islámicos.
Aunque la Cámara aprobó la propuesta el martes, el Senado votó a favor de una versión enmendada del proyecto de ley de la cámara baja, por lo que tendrá que regresar a la Cámara antes de presentarlo ante el gobernador Ron DeSantis.
Una portavoz de DeSantis se negó a comentar si era probable que el gobernador firmara la legislación.
«El gobernador aún no ha recibido este proyecto de ley de la legislatura», escribió la secretaria de prensa Molly Best en un correo electrónico. “Una vez entregado en su oficina, lo revisará en su forma final”.
Los senadores votaron en su mayoría siguiendo líneas partidistas a favor de la legislación respaldada por los republicanos.
Los republicanos Alexis Calatayud e Ileana García, ambos de Miami, se unieron a los demócratas para votar en contra del proyecto de ley. El senador Jason Pizzo, un legislador del sur de Florida que abandonó el partido demócrata el año pasado y ahora no está afiliado, votó con los republicanos a favor de la medida.
La parte del proyecto de ley que menciona la ley “sharia” ha sido particularmente controvertida.
La senadora Tina Polsky, demócrata por Boca Ratón, dijo que los tribunales estadounidenses no hacen cumplir las leyes religiosas o extranjeras y pensaba que parte del proyecto de ley era innecesaria.
Polsky, un abogado, señaló que el gobierno estatal había atacado a otros grupos en el pasado, incluidas organizaciones de derechos civiles como la NAACP.
«Este proyecto de ley carece de definiciones precisas, protecciones del debido proceso y salvaguardias de la Primera Enmienda necesarias para prevenir este abuso», dijo Polsky, describiéndolo como una «pendiente peligrosa y resbaladiza».
El lenguaje de la legislación es vago, dijo, y podría llevar a que el Estado apunte a organizaciones sin fines de lucro y grupos de defensa involucrados en actividades legales, ya que su aplicación podría tener motivaciones políticas. Y probablemente generaría costosos desafíos legales, advirtieron Polsky y otros.
Los partidarios de dos destacados grupos musulmanes ya obtuvieron una victoria contra DeSantis, cuando un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación el miércoles de una orden ejecutiva que el gobernador emitió el año pasado que los designaba como organizaciones terroristas extranjeras. La orden estaba dirigida al Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses y a los Hermanos Musulmanes.
El juez de distrito estadounidense Mark E. Walker escribió en su orden judicial preliminar que la Primera Enmienda prohíbe al gobernador usar su cargo para hacer una declaración política que interfiera con los derechos constitucionales de otros, informó Associated Press.
Pero Grall, que también es abogado, no pareció desconcertado por la decisión de Walker.
“Soy consciente de la opinión que salió ayer sobre la orden ejecutiva y quisiera señalar que ha habido una orden judicial vigente para una de las organizaciones, pero no para todas, por lo que hay una pregunta abierta sobre qué podrá hacer nuestro gobernador a través de la orden ejecutiva”, dijo Grall.
Una propuesta relacionada que eximiría de la divulgación pública los registros relacionados con la decisión de designar grupos como organizaciones terroristas también obtuvo la aprobación de la Cámara el martes y fue aprobada en el Senado el jueves.
anmartin@orlandosentinel.com
