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abril 27, 2026MIAMI – Después de gastar cientos de millones de dólares en Alligator Alcatraz, la administración del gobernador Ron DeSantis dice que cumplir con la orden de un juez federal de proporcionar más teléfonos a las personas detenidas en el sitio sería demasiado costoso para los contribuyentes de Florida.
En una presentación ante un tribunal federal el miércoles, los abogados de la División de Manejo de Emergencias de Florida dijeron que la expansión ordenada por el tribunal de teléfonos no monitoreados para llamadas legales requeriría que el estado comprara aproximadamente 77 teléfonos celulares y su instalación tomaría 60 horas.
La cuenta para los contribuyentes de Florida sería de aproximadamente $180,025, más un costo de mantenimiento adicional de $6,283. Eso es menos de un tercio de lo que el estado ha pagado a una firma de abogados privada para argumentar en contra de la ampliación del acceso telefónico en el sitio, según los registros de gastos estatales.
Los abogados del estado pidieron a la jueza del Distrito Sur, Sheri Polster Chappell, que suspendiera su orden para aumentar el acceso de los detenidos a abogados en el centro de detención de Everglades. Argumentaron que el estado no ha recibido ningún reembolso del gobierno federal y que, incluso si lo recibiera, podría no cubrir los teléfonos adicionales.
“Estas acciones obligatorias le costarán dinero al Estado, tanto en la compra de nuevos artículos y reemplazo de materiales, como en el tiempo invertido por el personal”, escribieron los abogados.
El costo de los teléfonos sería una pequeña porción de los 500 millones de dólares que el estado ha invertido en el control de la inmigración utilizando el fondo de emergencia del gobernador. El estado ha estado presionando al gobierno federal para que obtenga una subvención de $608 millones para cubrir los fondos de los contribuyentes estatales utilizados para construir y operar el centro de detención, pero ese dinero no se ha materializado.
Este caso es uno de los dos desafíos legales federales contra la instalación donde los argumentos se han reducido al intercambio de efectivo entre la administración de DeSantis y los funcionarios federales de inmigración.
En este caso, ex detenidos acusan a funcionarios estatales y federales de violar el derecho a un abogado de la Primera Enmienda al restringir el acceso telefónico. En otro caso federal, grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee acusan al gobierno de violar las leyes federales de revisión ambiental para construir la instalación.
El martes, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló el fallo de un tribunal inferior en el caso ambiental. Esa orden requirió brevemente que el gobierno comenzara a cerrar el sitio y prohibió la detención de nuevos detenidos allí antes de que se suspendiera el otoño pasado y se revocara formalmente esta semana.
En la opinión mayoritaria del fallo de esta semana, los jueces de apelación señalaron que el campo de detención en tiendas de campaña fue construido a expensas del estado. También señalaron que, hasta que los funcionarios federales aceptaron cubrir una parte importante de los costos, el sitio permaneció en gran medida bajo control estatal.
Los jueces de apelación dictaminaron que “hasta que los funcionarios de Seguridad Nacional decidan financiar la instalación”, no podría estar sujeta a reglas federales.
Desde el verano pasado, cuando los funcionarios federales anunciaron que la administración de DeSantis recibiría un reembolso por el costo de construir un centro de detención de inmigrantes en tiendas de campaña en medio de los Everglades, el estado ha dicho repetidamente en un tribunal federal que aún no ha recibido ni un centavo.
El sitio, construido apresuradamente mediante contratos sin licitación, transformó 6.000 acres del Aeropuerto de Transición y Entrenamiento Dade-Collier en un centro de detención temporal en tiendas de campaña. Los funcionarios federales habían estimado el costo anual en 450 millones de dólares, pero los registros obtenidos por grupos ambientalistas mostraban que el estado había planeado gastar más de mil millones de dólares de los contribuyentes.
Esa cifra fue posteriormente revisada a $608 millones cuando el gobierno federal prometió a la administración DeSantis el monto total del programa estatal de subvenciones para detenciones del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la solicitud de reembolso del estado se ha detenido muchas veces debido a errores. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias también cambió su posición, afirmando que no daría a Florida un cheque en blanco, pero reembolsaría los costos desglosados por detenido, excluyendo los fondos que el estado gastó en construcción.
La Legislatura de Florida puso nuevos límites este año al fondo de emergencia del gobernador, que se creó por primera vez en 2022. Ahora, la oficina del gobernador tiene que buscar la aprobación de un comité legislativo para gastar dinero del fondo de emergencia en cualquier emergencia que se extienda más allá de sesenta días.
Según la ley de Florida, el gobernador sólo puede declarar el estado de emergencia durante dos meses seguidos. DeSantis ha extendido el estado de emergencia migratoria para 2023, lo que le da acceso al dinero estatal que usó en Alligator Alcatraz, 21 veces.
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